Las críticas a la Guardia Civil por parte del PSOE a causa de sus investigaciones del caso de los ERE han tenido dos consecuencias. Una, esperada, es la desafección de las distintas asociaciones de la Guardia Civil y la calificación de "lamentable y mezquino" comportamiento por parte del ministerio del Interior. La otra, es la intensificación de la investigación del caso por parte de la Benemérita con el agravante de que ahora sus pesquisas se centrarán fundamentalmente en la figura de José Antonio Griñán y su papel en el desarrollo del fondo de reptiles.
Flaco favor le hacen a Griñán sus defensores en el seno del PSOE, sobre todo su segunda en la Junta y en el PSOE, Susana Díaz, autora de la mayor parte de las aceradas críticas a la labor de la Guardia Civil, porque ahora las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil van a centrarse sobre el papel que pudo desempeñar el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en la trama de los ERE durante su etapa como consejero de Economía, cuenta hoy el grupo Joly.
La investigación afecta a varias líneas anunciadas por los propios investigadores en el atestado remitido la semana pasada a la juez Mercedes Alaya, la juez instructora del caso del escándalo de los ERE fraudulentos. Según estos agentes, José Antonio Griñán, en su etapa de titular de Economía (de 2004 a 2009), tenía que conocer forzosamente las advertencias que la Intervención General de la Junta había formulado sobre el sistema de transferencias de financiación(fondo de reptiles) por el que se concedían las ayudas públicas que, según el propio instituto armado, beneficiaron "a personas vinculadas políticamente" o por razones familiares o de amistad.
Al margen de averiguar sobre si el consejero conocía esos reparos de la intervención General, "se continúa investigando la participación/conocimiento del titular de la Consejería de Economía en éste y otros aspectos como los relacionados con la forma de financiar a la Agencia IFA/IDEA como caja pagadora de las ayudas, o la correcta actuación de la Intervención General de la Junta de Andalucía" Según informa el grupo Joly, los investigadores anuncian que de todos estos aspectos informarán "en futuros atestados".
Hay que recordar que el titular de la consejería de Economía era uno de los destinatarios de los informes del interventor general, aunque éstos se remitían en realidad a la viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo, para que se los trasladara al propio consejero. Sabido es que Aguayo declaró en su día que ella guardó en un cajón el informe y que no se lo entregó al consejero Griñán. Además de dudar que el desconocimiento de tal informe eximiera de su cumplimiento al consejero Griñán, la Guardia Civil considera que no era la única vía por la que podría llegarle la existencia de los reparos del Interventor Gómez Martínez, nombrado por el propio Griñán.
Tampoco parecen librarse de las sospechas de la Guardia Civil los titulares de las Consejerías a las que estuvo adscrito el IFA/IDEA (Empleo y Desarrollo Tecnológico hasta 2004; Innovación, Ciencia y Empresa hasta 2010 y desde entonces en la actualidad Economía, Innovación y Ciencia), que fueron asimismo destinatarios de los informes de la Intervención General.
Igualmente, la Guardia Civil echa de menos los "informes de actuación" de la Intervención General que, en una anómala actuación, advirtió de la iorregularidad pero no le puso freno con ese informe preceptivo. A juicio de la UCO, tales informes de actuación "debieron ser confeccionados por la Intervención General de la Junta ante la no adopción por parte del IFA/IDEA de las medidas necesarias para solventar las deficiencias observadas, y ante la apreciación de circunstancias que provocaron un importante menoscabo de fondos públicos". La Guardia Civil añade que la "implantación temprana" de las medidas propuestas por la Intervención General "habría evitado el descontrol en la gestión y tramitación de las ayudas, y los desfases presupuestarios habido que han supuesto un importante perjuicio para los fondos públicos gestionados".
Además, se continúa investigando la "participación/conocimiento concreto de los titulares de las distintas consejerías de adscripción de la Agencia en éste y otros aspectos como los relacionados con la financiación de las ayudas o la correcta actuación de IFA/IDEA", algo que también será objeto de análisis en nuevos atestados policiales.
En cuanto al papel "esencial" que la Guardia Civil atribuye al ex consejero de Empleo José Antonio Viera en la trama de los ERE, los investigadores indican que éste es "señalado por distintos imputados como creador e impulsor de la fórmula del convenio marco", aspecto que se estudia en el atestado que se elaborad sobre la adjudicación de ayudas a la Sierra Norte de Sevilla, "a las que de una forma y otra estaría vinculado".
Un cuñado de Viera en los ERE
Cuenta El Mundo la existencia de un "sálvese quien pueda" en la Consejería de Empleo donde los titulares nombrados tras el escándalo no se fiaban de nadie, ni siquiera de sus compañeros socialistas y antecesores en el cargo. De hecho, "hubo una caza de brujas tratando de localizar a supuestos filtradores de noticias a la Prensa. Y ahora se sabe que el grado de desconfianza llegó a tal punto que la Consejería de Empleo investigó si un cuñado del ex consejero José Antonio Viera se prejubiló como intruso en un ERE.
El 14 de febrero de 2011, el todavía director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Daniel Rivera, solicitó a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Andalucía "que emita informe dirigido a esta Dirección General de Trabajo indicando las empresas y períodos en que prestaron servicios por cuenta de las mismas durante su vida laboral los trabajadores que se relacionan a continuación". Uno de ellos era Juan Perez, cuñado del ex consejero de Empleo José Antonio Viera.
Poco después se sabía que el cuñado de Viera –casado con una hermana suya– trabajó desde 1997 a 2005 en la empresa de pieles Cuerotex y que otro había sido trabajador de la multinacional Delphi Automotive Systems desde 1994 a 2007. El ex consejero Viera defendió que la presencia de su cuñado en el ERE era totalmente legal.
Tampoco se fió mucho del ex consejero encarcelado Antonio Fernández. De hecho, el consejero Manuel Recio pidió a la aseguradora Generali que le dijera si el imputado había formulaado renuncia expresa a cobrar su prejubilación como ex trabajador de González Byass.