Los regantes del Guadalquivir denuncian una trama de comisiones ilegales en la Junta

La Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir ha denunciado a la Guardia Civil la existencia de un tráfico de comisiones desde la filial de Abengoa Befesa a la Junta de Andalucía, presuntamente para hacerse con un contrato denunciado ahora. Por ello, uno de sus directivos amenazó con poner nombre y apellidos de los directivos de la Junta y las cantidades recibidas. Además, la Junta de Andalucía aparece como responsable en las presuntas irregularidades en las obras de modernización de regadíos denunciadas ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla por dicha Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir según el informe jurídico del despacho de Manuel Clavero Arévalo que hoy destaca La Razón.

La Junta, vía Consejería de Agricultura y Pesca, concedió en octubre de 2004 una subvención de 40.119.944 de euros para la modernización de los regadíos de esta comunidad –el presupuesto se adjudicó a la UTE Befesa-Construcciones Alpi por 60.739.165,37–, a la que pertenecen comuneros de los términos municipales de Los Palacios y Villafranca, Utrera, Las Cabezas de San Juan y Dos Hermanas. Sin embargo, la obra, que comenzó en noviembre de 2005, está actualmente parada y, según la denuncia, plagada de irregularidades.

Los responsables de las Marismas del Guadalquivir han detectado numerosas irregularidades en la gestión de los fondos –la mayoría públicos y con cargo al programa europeo agrícola de desarrollo rural–, circunstancia que han denunciado ante el Ministerio Público, el Ministerio de Agricultura y Pesca y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. 

Pero además encargaron al despacho jurídico del ex ministro de UCD, Manuel Clavero, el informe que señala que "la Junta de Andalucía tiene un gran protagonismo" en este asunto. ¿Los motivos? "La concesión de la ayuda obliga a la Comunidad a facilitar a la Consejería de Agricultura y Pesca las funciones de inspección respecto a la ejecución del proyecto de inversión y proporcionar información sobre el mismo, incluso una vez concluido. Este hecho determinó que las certificaciones de las obras fuera firmada por el inspector facultativo designado por la Consejería de Agricultura y Pesca".

Según la clave interpretativa de Clavero, la intervención de la Administración autonómica no se limita a facilitar el dinero para el proyecto, sino que debe vigilar el buen aprovechamiento del mismo. "La Junta de Andalucía tiene obligaciones y responsabilidad frente al FEOGA y derechos y responsabilidad frente a la Comunidad de Regantes. Precisamente su responsabilidad ante el FEOGA –el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola–, le hace conocer al detalle la marcha de las obras y para ello dispone de un inspector facultativo para seguir la marcha de las obras subvencionadas e incluso para firmar las certificaciones de obras mensuales". El Gobierno andaluz es el responsable del buen uso de los fondos europeos y el interlocutor ante el resto de Administraciones, resume el diario del grupo Planeta.

A su vez, el dictamen se basa en el informe técnico elaborado por la consultora de ingeniería Ayesa. En dicho estudio, se recordaba que en menos de dos meses se aprobó el pago a la UTE de 4.245.326,56 euros al contado mediante talón "cuando el contrato establecía que se debe realizar el pago mediante pagarés a 120 días" y por ello, "llama la atención lo elevado de la obra certificada en tan corto espacio de tiempo para su ejecución, teniendo en cuenta que, en la práctica habitual, el primer mes de trabajo se dedica a instalarse en la obra, resultando muy difícil alcanzar una producción tan elevada".

La deficiente ejecución obliga a una importante inversión en reparaciones y acondicionamiento de lo ya ejecutado. También se advierte de que "el director facultativo indica en su informe que hasta julio de 2008, se había certificado más cantidad económica y diferentes unidades a las constatables en la obra". El dictamen asegura que "esta grave situación era conocida y consentida en todo momento por la Junta de Andalucía, puesto que el inspector de la misma firma todas las certificaciones de la obra".

La Comunidad de Regantes ha trasladado también la documentación sobre supuestas irregularidades en la ejecución de las obras de modernización de regadíos a la Guardia Civil. Además, ya está en posesión de la Fiscalía, el Ministerio de Agricultura y la Oficina Antifraude de la UE. La denuncia incluye el supuesto pago de comisiones según se desprende de la frase que pronunció un responsable de la empresa adjudicataria en la sede de la delegación de Agricultura: "Voy a poner en un papel nombres, apellidos y cantidades", consta en el escrito presentado.