La asociación de juristas Preeminencia del Derecho ha ampliado este martes la querella presentada en el Tribunal Supremo contra el presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, después de que diversos medios de comunicación informaran de que el magistrado hizo pagar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los gastos de 12 viajes de fines de semana de cuatro días a distintos lugares de España. Estos viajes se suman a la veintena de escapadas llevadas a cabo por Dívar a Marbella que también corrieron parcialmente a cargo de la institución.
Según la documentación remitida ayer por la Secretaría General del CGPJ al vocal José Manuel Gómez Benítez desde 2008, Dívar realizó otros 12 viajes, cuyos gastos de desplazamiento, alojamiento, manutención y protocolo ascendieron a 15.185 euros que fueron cargados al presupuesto del órgano de gobierno de los jueces.
Gómez Benítez había reclamado hace días a la Secretaria que le facilitara la documentación de todos los desplazamientos del Presidente. Ahora, la asociación que preside el abogado José Luis Mazón ha solicitado a la Sala Penal del Tribunal Supremo que valore estos nuevos datos antes de decidir si abre una investigación penal a Dívar. Los juristas sostienen que "el principio de que cada uno se paga sus fiestas fue roto en la conducta del presidente del Consejo General del Poder Judicial desplazando los costes económicos, total o parcialmente, de sus fines de semana caribeños a las arcas públicas".
En la querella, que será estudiada este miércoles por catorces jueces de la Sala Penal del Alto Tribunal, se acusa al magistrado de haber cometido presuntamente los delitos de apropiación indebida y estafa o en su defecto de malversación de caudales públicos. Se quedará fuera de las deliberaciones el magistrado Francisco Monterde para sortear una eventual 'contaminación' de todo el tribunal en el caso de que la querella fuera admitida a trámite y hubiera que buscar un instructor imparcial.
La Fiscalía se opone a la admisión a trámite de esta querella porque no ve delito tras el comportamiento de Dívar. El Ministerio Público sostiene en referencia a Carlos Dívar que las autoridades "como grado o jerarquía máxima de quienes ejercen funciones públicas presenta unos límites más imprecisos, más borrosos, en los que a veces resulta muy difícil de separar o delimitar la actividad pública de la privada a efectos de establecer cuando debe darse por terminada una para entender comenzada la siguiente". El fiscal basa sus argumentos en un acuerdo aprobado por el CGPJ en 1996 que autoriza "la no necesidad de acreditar el motivo del viaje" cuando se trata de los efectuados por el presidente y sus vocales.