El Gobierno ha perdido este sábado su particular batalla para evitar el estallido de una crisis que consideran altamente inflamable, a tenor de que afecta a la cuarta institución del Estado en un momento en el que España está en el ojo del huracán y todo lo que ocurra dentro de sus fronteras es analizado con lupa en el extranjero.
Para el Consejo de Ministros, no existían razones reales para que Carlos Dívar se sintiera forzado a tirar la toalla, sino que más bien estábamos asistiendo a una cacería perfectamente calculada, mano a mano entre el PSOE y el grupo Prisa.
No debía rodar su cabeza porque, a juicio del Ejecutivo, tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo le han exonerado de responsabilidad penal por sus viajes. Capítulo aparte es que, desde el punto de vista ético, fuera poco edificante que los gastos quedaran cubiertos por el Estado, por lo que no pocas voces se definían proclives a un perdón público. Pero en ningún caso se optaba por la ejecución. Primero, acogiéndose a las razones judiciales anteriormente expuestas, pero principalmente por la "peligrosidad" de abrir un nuevo frente, para más inri en el mismísimo "corazón" de la Justicia, ya de por sí tan cuestionada.
Aunque Dívar no haya anunciado su marcha, el Gobierno lo da por hecho. Hasta el sábado por la mañana, desde Moncloa se había defendido que resistiera aunque la crisis no quedara cerrada, pero en los círculos de poder se admitía que estaba "muy tocado" y que la decisión última la tomaría él en exclusiva, aunque supiera que contaba con el plácet del Ejecutivo. "Está francamente mal, se han metido con su Fe católica, con sus relaciones", resumía un interlocutor directo con el aún presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
Alberto Ruiz Gallardón, que no quiso hacer declaraciones sobre el asunto en la Interparlamentaria popular celebrada en San Sebastián -aún no se conocía qué iba a ocurrir-, siempre fue exquisito a la hora de pronunciarse sobre el caso, pero sus declaraciones desprendían un claro apoyo a Dívar, una vez la Justicia iba cerrando las puertas a un posible delito. En el Ejecutivo, de hecho, creen que se han atravesado todas las líneas rojas contra su persona, atacándole "por la vía personal" y "en portada de un medio de comunicación".
El presidente Rajoy, centrado en exclusiva en el devenir de la situación económica y que hoy por hoy solo tiene ojos para el Consejo Europeo de la última semana de junio, solo pidió una cosa: evitar por todos los medios un incendio que obligara al Ejecutivo a prestarle atención.
Ya ocurrió con el Rey don Juan Carlos cuando fue operado por romperse la cadera cazando en Botsuana. Y pasará ahora, auguran, con medios extranjeros enseñando al mundo las vergüenzas de la Justicia patria, con la cuarta institución del Estado dimitiendo por utilizar para uso propio dinero del erario de todos. Y eso sin contar con el nuevo escenario que se abre tanto en el CGPJ como en el Supremo, donde todo se calibra a fin de no perder influencia por parte de PP y PSOE.