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Por la Junta de Andalucía

El Defensor del Pueblo Andaluz advierte irregularidades en la contratación de interinos

José Chamizo ha actuado de oficio a raíz de una queja de un particular afectado por este sistema.

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, aprecia presuntas irregularidades y favoritismo en la contratación de personal interino con cargo a Fondos Europeos (Fondos Feder), por parte del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que dirige Ignacio Pozuelo, perteneciente a una poderosa familia socialista con presencia en el PSOE de Sevilla, andaluz y nacional. 

El Defensor ha actuado de oficio a raíz de una queja de un particular afectado por este sistema, que tuvo entrada en la Institución en 2011. La queja dejaba en entredicho los procedimientos de contratación de interinos en el citado Instituto, ya que una vez agotada la correspondiente Bolsa de Interinos que gestiona la Consejería de Hacienda y Administración Pública, se llevan a cabo mediante ofertas genéricas al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

El informe del Defensor ha sido valorado por el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja), que en su momento, al tener conocimiento de la queja, aportó documentación propia al expediente. En este sentido, Alfonso Calabuig, miembro de Safja y perteneciente a la plantilla del Instituto de Estadística y Cartografía, manifestó que si después del escrito del Defensor la Junta no modifica su procedimiento, el sindicato emprenderá acciones jurídicas.

Libertad Digital denunció las irregularidades

Los tejemanejes en la Junta fueron denunciados por LD en 2011. El Instituto Andaluz de Estadística decía necesitar seis técnicos en calidad de interinos y al no haber nombres en la bolsa de trabajo, se lo comunicaba al Servicio Andaluz de Empleo. El SAE le enviaba una lista de nombres y oh, sorpresa, de los seis, cinco de ellos ya trabajaban en el Instituto de Estadística como externos, por lo que no había habido convocatoria pública ni publicidad ni igualdad de condiciones en el acceso a organismos públicos. 

A la luz de los hechos surgieron, inevitables, una serie de preguntas, sobre todo si la selección se realiza sobre personal que suministra el Servicio Andaluz de Empleo, ya que para ser seleccionado es indispensable estar de alta en el SAE, bien como demandante de empleo o bien como mejora de empleo. Por ello:

1.- ¿Se informó privilegiadamente a estos cinco beneficiarios de la necesidad de estar inscritos en el SAE para optar a la oferta de empleo?

2.- ¿Cómo estaban y en qué condiciones los seleccionados en el SAE antes de la oferta de la que fueron beneficiarios?

3.- ¿Cuáles fueron los criterios usados por el SAE para elegir a los candidatos de la oferta?

4.-¿No es casualidad excesiva y extrema lo ocurrido, en caso de ser casualidad? 

El acta pública, a la que tuvo acceso Libertad Digital, era una selección de personal interino celebrada en el I.A.E. – organismo dependiente de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia - el 10 de noviembre de 2010 por la que se seleccionaban 6 interinos provenientes de una oferta realizada a través del Servicio Andaluz de Empleo. Se indica en uno de los párrafos del acta donde se hace constar expresamente que se ha optado por la vía de interinos financiados con fondos europeos por ser la más económica y eficiente en términos de gasto público, respecto a una propuesta de contratación abierta a empresas, suspendida por acuerdo del director de este organismo, Ignacio Pozuelo Meño, por su elevado coste. 

La contratación de funcionarios interinos financiados con fondos europeos viene recogida en el artículo 31 de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2010, que en su punto 2 dice que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1 c de la Ley 7/2007, podrá efectuarse el nombramiento de personal funcionario interino para la ejecución de acciones de carácter temporal cuya financiación provenga de fondos de la Unión Europea, con las siguientes condiciones:

a) La duración del nombramiento no podrá exceder la de la ejecución de la acción a la que se adscriba y, en todo caso, no superará el plazo de dos años.

b) Los nombramientos, que se efectuarán con cargo a la aplicación presupuestaria que financie el programa afectado, requerirán autorización de la Consejería de Justicia y Administración Pública, previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda.

c) El personal funcionario interino nombrado por este motivo no ocupará plazas de la relación de puestos de trabajo.

Así, esta oferta de empleo era para 5 Titulados Superiores y 1 Titulado Grado Medio, indicando, además, que para los titulados superiores la contratación es por dos años y 10 meses para la plaza de titulado medio, y que la oferta se hace a través del Servicio Andaluz de Empleo por estar las bolsas de trabajo de interinos agotadas en la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

El acta recogía que, una vez examinados por la Comisión de Valoración los Informes de resultados que remite el SAE (Servicio Andaluz de Empleo) de los demandantes-candidatos para los distintos puestos, los correspondientes Jefes de Servicio valoraron los distintos méritos reflejados en los documentos de oferta presentados, y realizaron una explicación oral a todos los asistentes sobre la idoneidad de los candidatos seleccionados, ajustada a las prescripciones que se pedían en los citados documentos, poniendo a disposición de todos los miembros de la Comisión, los distintos currículums presentados para su examen y valoración. La transcripción de las valoraciones por cada puesto ofertado y candidato se adjuntan a la presente acta, para su incorporación al expediente.

De esta forma, fueron seleccionadas seis personas, una titulada de grado medio y cinco titulados superiores.

En este momento, el representante del Sindicato Andaluz de Funcionarios, presente en la Comisión, propuso que se hiciera constar en el acta que dicho sindicato no había participado en el proceso de valoración de los candidatos presentados, indicando que no hay ningún procedimiento establecido para los presentes nombramientos de interinos de fondos europeos y que entre los 6 seleccionados, 5 eran personal externo que ya trabajaban en el Instituto de Estadística de Andalucía, casualidad extraordinaria. 

El Defensor llama ahora "selección predeterminaada y excluyente" a lo denunciado por LD y SAFJA

Según el Defensor, las ofertas que se hacen desde el Instituto al SAE (con los perfiles requeridos para estas personas) tienen claros "indicios de constituir una selección predeterminada y excluyente", ya que para los mismos puestos (titulado/a superior) en unos casos se piden unas titulaciones y en otros casos otras; en unos casos se exige una experiencia de los 8 meses y en otros de 18 e incluso 36 meses y, a mayores, la formación complementaria exigida para un mismo puesto es muy dispar de unos a otros casos.

En opinión de Safja, en los escritos del Defensor se deja muy clara la "inobservancia" de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y se hace especial mención a la deficiente publicidad de los puestos ofertados, para lo que sugiere la difusión y publicidad de las ofertas en los lugares y webs que tiene habilitada la administración andaluza.

El Instituto, aporta ABC hoy, cuenta en la actualidad con 23 personas en estas circunstancias, muchas de las cuales nunca han sido integrantes de las bolsas de interinos, sencillamente porque "nunca se han presentado a Oferta Pública de Empleo alguna. Lo que sí parece coincidir es el hecho de que casi la totalidad de estas personas trabajan y han trabajado con anterioridad en el Instituto de Estadística y Cartografía bajo distintas y dispares modalidades de contratación, relación o dependencia".

Ilustres socialistas andaluces en los tribunales recusados

Antonio Pascual Acosta, exconsejero socialista de gobiernos de Manuel Chaves, es el gran jefe en la sombra del Instituto de Estadística de Andalucía(hoy denominado Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía), un organismo clave de información estructural sobre la realidad andaluza que, en una administración sanamente democrática, debería estar compuesto por una plantilla de formación excelente y de exquisita neutralidad política. Pero la realidad es bien otra trufada de amiguismo y arbitrariedad. Por ello, el Safja recusó de la totalidad de los miembros del Tribunal Calificador de las Pruebas para acceso al Cuerpo Superior Facultativo, opción Estadística , correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2010. El presidente del mismo es el propio Antonio Acosta Pascual

Por si fuera poco el control, el actual director del Instituto es Ignacio Pozuelo Meño, miembro de otra ilustre familia de socialistas sevillanos que tiene bastantes miembros colocados en la Administración Andaluza. De hecho, el miembro político principal de la familia es Isabel Pozuelo Meño, que aparece en la famosa foto del clan de la tortilla junto a Felipe González, Alfonso Guerra, Luis Yáñez y otros. Su marido, Pablo Juliá, es el director del Centro Andaluz de la Imagen, de la Junta de Andalucía, tras haber sido periodista gráfico de El País durante años. Isabel Pozuelo tuvo como primer destino la Diputación de Sevilla, en la primera corporación constituida tras el triunfo de PSOE y PCE en las elecciones municipales de 1979. En 1982, Andrés Pozuelo Meño estaba colocado en la Diputación y su hermano Juan Antonio, formaba parte de la plantilla de la Sociedad de Informática Provincial, dependiente de la misma Diputación. Otra hermana, Clotilde Pozueño Meño está casada con el ex delegado del gobierno en Ceuta (hasta 2008) y parlamentario socialista Genaro García Arreciado, que fue presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva hasta que dimitió en 2005. 

Entre los motivos de la recusación, el Safja explicaba que el tribunal era siempre el mismo, al menos desde 2007. Lo dice así: "El Tribunal Calificador del Cuerpo Superior Facultativo de Estadística A1.2018) es el mismo tanto en la Oferta Pública de Empleo 2010 (la que actualmente nos ocupa), como en las últimas, desde al menos la O.P.E. 2007. El mismo Presidente, Don Antonio Pascual Acosta, Catedrático de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Sevilla, los mismos vocales, o subordinados a éstos, del Instituto de Estadística de Andalucía, así como del Departamento de Estadística e Investigación de la Universidad de Sevilla."

En el escrito de recusación ser aportaban unos datos políticamente muy graves acerca de cómo son las cosas en el Instituto de Estadística de Andalucía: "A modo de ejemplo, son destacables los datos que ofrecen la dos últimas Ofertas Públicas de Empleo del Cuerpo Superior Facultativo de Estadística (A1.2018) de la Junta de Andalucía:

-OEP 2007, de diez puestos vacantes, nueve fueron ocupados por opositores que llevaban varios años trabajando en el Instituto de Estadística de Andalucia(en adelante IEA), y la décima persona (número 2 de la promoción) era y 'es colaboradora directa del Presidente del Tribunal Calificador, señor Pascual Acosta, pues aun cuando fue destinada a la sede del lEA, en momento alguno desempeñó trabajo en su sede, continuando con su labor investigadora, publicando diversas publicaciones cuyos coautores son el citado Presidente del Tribunal y Doña Silvia Copete Peña, que es la funcionaria en cuestión.

-OEP 2009, de los cinco opositores aprobados y nombrados funcionarios decarrera, cuatro ya trabajaban en la sede del IEA desde años antes".

Esto es, entre los que siempre aprueban hay una exageradísima proporción de quienes fueron colocados por quienes mandan en el Instituto con anterioridad a toda prueba en el organismo. Dicho en las propias palabras: "Es por tanto curioso, cuando no alarmante, el porcentaje de aprobados respecto de las personas que ya trabajan en el lEA con anterioridad a los procesos selectivos del Cuerpo Superior Facultativo, opción Estadística, y, por ende, el desequilibrio manifiesto frente a los opositores que no se encuentran en la situación reflejada, y que, por lo que parece, compiten en franca desventaja."

El Tribunal recusado y su relación con los opositores

-Presidente: Don Antonio Pascual Acosta, Catedrático de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Sevilla.
-Vocal 1: Doña Elena Manzanera Díaz, Subdirectora del Instituto de Estadística de Andalucía, cargo del que dependen tres servicios y un gabinete.
-Vocal 2: Don Juan Manuel Muñoz Pichardo, Catedrático Director del Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Sevilla.
-Vocal 3: Don Juan del Ojo Mesa, Subdirector del Instituto de Estadística de Andalucía, cargo del que dependen, a su vez, otros tres servicios y un gabinete.

De los 87 aspirantes opositores, 51, tienen " relación de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el asunto" o, simplemente han "prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. "De los 51 citados, unos lo son como interinos con cargo a Fondos Europeos, otros como becarios, y otros como contratados por empresas que desarrollan sus trabajos en el lEA desde hace años". Esto es, fueron colocados por influencia de los que mandan en el Instituto. 

Por otra parte, un mínimo de 7 aspirantes tienen una vinculación evidente con el Presidente del Tribunal, Pascual Acosta, al trabajar como Investigadores en el Departamento de Estadística e Investigación de la Universidad de Sevilla. 

Por si fuera poco, muchos de los miembros del tribunal y los aspirantes opositores tienen relación entre sí de amistad como se puede comprobar en las redes sociales, cuyas pruebas aporta el SAFJA. 

Por todo ello, se pidió la "recusación de todos los miembros del Tribunal, fundamentada en una documental incontestable" y procede que sea nombrado un nuevo Tribunal, ajeno por completo a las personas que desarrollan su labor de trabajo tanto en la sede del Instituto de Estadística de Andalucía, como del Departamento de Estadística e Investigación de la Universidad de Sevilla, dada la naturaleza de la mayoría de los opositores y los antecedentes de las últimas Ofertas de Empleo Público de Andalucía, en claro agravio comparativo frente a los que carecen de vinculación alguna, y por tanto son ajenos a las citadas instituciones.

En España

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