La inminente retirada de 250 escoltas a jueces y fiscales de la Audiencia Nacional continúa generando polémica entre los miembros de la Carrera Judicial que componen este órgano.
Este martes su presidente, el magistrado Ángel Juanes, junto con el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, han enviado una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, mostrando su preocupación ante la supresión de la protección policial a la inmensa mayoría de miembros de este órgano.
En la misiva, donde se recoge el sentir mayoritario de los magistrados y fiscales de este tribunal, se muestra al Ejecutivo la profunda inquietud por saber cómo se velará a partir de ahora por la seguridad de los componentes de este tribunal.
De esta forma, la Audiencia realiza una exposición razonada "de la problemática suscitada por la retirada integral de los escoltas" y solicita al Gobierno que valore las nuevas circunstancias de seguridad que rodearán a jueces y fiscales, aunque en la carta se evita pedir directamente la anulación del plan puesto en marcha por el Ministerio del Interior en las últimas horas.
Asimismo, este tribunal recuerda a Rajoy que su función no sólo consiste en luchar contra el terrorismo de ETA sino que la "especificidad" de la Audiencia Nacional le obliga a investigar a las mafias del crimen organizado y la corrupción.
Con el plan de Interior se le suprimirá el servicio de protección policial a todos los jueces y fiscales de este tribunal excepto al presidente, Ángel Juanes, al presidente de la Sala Penal, Fernando Grande-Marlaska, al juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, al fiscal jefe, Javier Zaragoza, y al teniente fiscal, Fernando Burgos, junto con el fiscal jefe Antidroga, José Ramón Noreña.
A cambio, el Gobierno pondrá en marcha un servicio de contravigilancia policial dirigido a aquellos miembros de la carrera judicial que se queden sin escoltas.
Por su parte, el juez Grande-Marlaska ha anunciado este martes que renuncia al servicio de escolta que tiene asignado y que aún mantenía tras la retirada de la seguridad por parte del Ministerio del Interior a la gran mayoría de jueces y fiscales de este órgano judicial.
El juez ha tomado esta decisión al considerar que "su situación no difiere de la del resto de sus compañeros" que perderán la protección a partir de mañana. Marlaska explica en una carta remitida al Ministerio del Interior que "en materia de seguridad" su caso es similar al del resto de magistrados por lo que "renuncia al coche policial y la escolta" que le correspondía, informa Europa Press.
El magistrado concreta en la misiva que, por razón de su cargo como presidente de la Sala, solicita a Interior un vehículo de parque móvil "para las reuniones y otras incidencias a las que se vea obligado a asistir".
El cargo de Marlaska es equiparable al de los presidentes de las Audiencias Provinciales, que mantienen la protección a pesar del recorte puesto en marcha por Interior. El juez aprovecha la ocasión para agradecer al Ministerio, en la misiva, "el servicio prestado durante estos años".
Junto con la Audiencia Nacional, la Secretaría de Estado de Seguridad ha comunicado al Tribunal Supremo, Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Constitucional la supresión casi total del servicio de protección policial de sus integrantes.