En los dos últimos días, la Junta de Andalucia ha anunciado la presentación de dos recursos ante el Tribunal Constitucional. Uno, contra el decreto de medidas de ahorro sanitario por considerar que invade sus competencias si bien lo envuelve en un discurso sobre la falta de sensibilidad social del gobierno Rajoy. El segundo, contra las medidas educativas decididas por el gobierno del PP por la misma razón -invasión de competencias-, aunque lo catapulta con el discurso de la antisocialidad del gobierno central.
Se sigue así la senda emprendida por el anterior presidente de la Comunidad andaluza, Manuel Chaves, que logró convertir Andalucía en la china en el zapato del gobierno Aznar. Tras la victoria del PP en 1996, Chaves, pretendiendo identificar al PSOE andaluz con Andalucía, emprendió una sistemática batalla judicial y constitucional contra las medidas adoptadas por el gobierno Aznar.
Ahora, en el caso de las medidas educativas, la Junta aduce un ejemplo: la cobertura de las bajas de los profesores. En Andalucía, se cubren con una media de 48 horas de dilación mientras que el decreto del Gobierno establece un plazo de quince días. Mar Moreno, consejera del ramo, defiende que el modelo andaluz consigue con casi los mismos recursos cubrir la baja de cualquier profesor en una media de dos días aplicando la descentralización de la gestión y e principio de autonomía de los centros. Es más, ha decidido enviar al Ejecutivo central un informe económico del sistema andaluz de cobertura de bajas porque puede ser aplicado en otras comunidades.
Para Moreno, las diferencias fundamentales están en el modelo educativo. Mariano Rajoy (PP) "expulsa" a 5.000 docentes con sus medidas y José Antonio Griñán (PSOE) "mantiene" a 3.500 profesores por no aumentar el número de alumnos por clase "para defender la enseñanza pública", explicó.
La consejera aludió a la "democracia de la confusión", en la que, según ella, los mercados vencen a los Estados y afirmó que "defender la educación pública es hoy el mayor gesto de rebeldía social", ene l supuesto de que el PP y su gobierno no quieren una educación pública.
Recurso contra el decreto de ahorro sanitario
El miércoles, Andalucía lo recurrió ante el Tribunal Constitucional pero sin embargo lo aplicará modificando algunos de sus elementos como el cobro del 10 por ciento del coste de las medicinas a los jubilados a los que sólo cobrará el tope mensual fijado según la renta, 8 ó 18 euros. Dicho de otro modo, será la sanidad pública andaluza la que copagará el resto de dinero resultante.
La Junta tiene especial cuidado con los inmigrantes a los que seguirá atendiendo sin los requisitos que impone el decreto estatal porque el colectivo "tiene un impacto económico muy bajo" en la sanidad pública andaluza.
La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha afirmado hoy que la decisión del Ejecutivo andaluz de recurrir el decreto de reordenación sanitaria es una maniobra con la que el presidente, José Antonio Griñán, pretende "eludir sus propias responsabilidades en la gestión del sistema sanitario".