La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto una investigación para determinar si el magistrado instructor del caso Fabra, Jacobo Pin, sufrió presiones por parte de la Audiencia Provincial de Castellón al tratar ésta de forzarle "indirectamente" a archivar el delito de cohecho que pesa sobre el expresidente de la Diputación, Carlos Fabra.
El órgano de gobierno de los jueces ha admitido este lunes a trámite la solicitud de amparo por parte del juez quien la semana pasada denunció a la Sección Primera de este tribunal por haber "perturbado su independencia".
La Comisión Permanente, integrada por el presidente del CGPJ en funciones, Fernando de Rosa y los vocales Margarita Robles, Almudena Lastra, Antonio Dorado y Manuel Almenar, investigarán estos hechos con el fin de aclarar si el titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Número Uno de los de Nules (Castellón) sufrió dichas presiones.
Como primera medida, este órgano ha acordado recabar información de la Audiencia Provincial de Castellón sobre el estado de las resoluciones de este caso y el estado de los recursos que se hubieran formulado. Sin embargo, el Consejo no entra a valorar de momento el fondo de este asunto.
El caso Fabra investiga además de al expresidente de la Diputación y actual presidente provincial del PP, Carlos Fabra, a su exesposa, Amparo Fernández, al empresario Vicente Vilar y a su esposa, Monserrat Vives, y al exsenador del PP Miguel Vicente Prim por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal.
Jacobo Pin, que ha instruido la causa durante los tres últimos años, dentro de un proceso iniciado hace ocho y por el que han pasado otros ocho jueces instructores, ha manifestado que ha controlado en todo momento "la legalidad" del procedimiento, basándose en lo que dispuso la Sección Segunda de la Audiencia Provincial en el auto de 5 de octubre de 2010.