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Asociaciones de jueces y fiscales se suman a las protestas contra el Gobierno

Siete asociaciones piden a sus miembros que secunden las manifestaciones del próximo jueves.

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Al Gobierno se le multiplican los enanos. Esta vez son los jueces y fiscales quienes descontentos con las medidas económicas aprobadas recientemente por el Ejecutivo, así como con los planes el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), han manifestado "expresamente" su apoyo a las protestas convocadas por los sindicatos este jueves en la mayoría de ciudades de España.

En un comunicado difundido este martes, la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales de forma conjunta "instan a los jueces y fiscales españoles" a participar en dichas manifestaciones ante "el ataque a sus derechos" que están sufriendo por parte del Gobierno popular.

Tanto la Carrera Judicial como la Fiscal considera un "ataque" el recorte salarial que ha adoptado el Ejecutivo para los funcionarios y que les afecta directamente a ellos. Por este motivo, piden a sus miembros que secunden la jornada de protesta anunciada por los principales sindicatos.

Este mismo lunes, las mencionadas asociaciones de jueces y fiscales, después de haber creado una comisión interasociativa común, exigieron al Ministerio de Justicia que paralizase la reforma de la LOPJ y no descartaron convocar ellos mismos una huelga; algo que de momento no han anunciado.

Jueces y fiscales de diferentes sensibilidades ideológicas se unen ahora porque entienden que el Ejecutivo está "aprovechando la situación de crisis económica e institucional que atraviesa el país" para impulsar medidas legislativas y económicas "cuyo verdadero objeto es el desmantelamiento" del Poder Judicial, atacando así a su independencia e imparcialidad.

"Las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros y las que anuncia se van a adoptar suponen un ataque a los principios básicos de la función pública, recortando algunos de sus derechos consustanciales, poniendo en duda la profesionalidad de quienes la integran y que con su actuación dotan de un valor añadido a la economía española en su conjunto", añaden.

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