La asociación mayoritaria en la Carrera Judicial, la Asociación Profesional de la Magistratura -que aglutina a unos 1250 magistrados aproximadamente- ha plantado este martes cara a los planes reformistas del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
En un duro informe, la APM tacha de "fullera propuesta ministerial" la reforma del Consejo General del Poder Judicial prevista por el Ministerio.
Pese a que al tomar posesión Ruiz Gallardón anunció que reformaría el CGPJ para que sus miembros fueran designados por los propios jueces, posteriormente el ministro olvidó lo prometido y se limitó a señalar que dicgha reforma estaría supeditada a un acuerdo con el resto de partidos políticos. Un detalle importante es tener en cuenta que el PSOE ya se mostró radicalmente contrario a cambiar el actual sistema de elección de los vocales.
Según la asociación conservadora, el ministro Gallardón "no sólo admite la posibilidad de que los vocales sigan siendo nombrados como hasta ahora –en referencia a los partidos políticos- sino que introduce un batallón de reformas orientadas a disminuir la independencia que tendrá cada juez al conocer de un asunto"
"Esta intromisión se logrará no sólo seleccionando a los jueces de manera interesada sino sujetando a los jueces mediante el control político de su futuro profesional", añaden.
La reforma que contempla el Ministerio estudia que sea el presidente del CGPJ el único miembro que tenga dedicación exclusiva en este órgano, ya que los otros vocales seguirán ejerciendo sus profesiones en sus respectivos ámbitos mientras sus labores dentro del órgano de gobierno de los jueces se les redistribuirá a través de dietas.
La asociación que preside el magistrado Jesús Chamorro advierte de que la propuesta de Gallardón limita a un papel "testimonial o decorativo" el de los 20 vocales al eliminar su dedicación exclusiva e "invitar" a la mayoría -excepto una Comisión Permanente integrada por cuatro miembros y el presidente- a reuniones esporádicas.
Pero es más, mantiene que el ahorro del coste salarial apenas rondará los 300 o 400 euros por vocal y mes, un ahorro que, a su juicio, resulta "escaso para calmar los mercados financieros internacionales" pero sí es oportuno para "intentar desactivar el órgano que ha de velar" porque los jueces puedan ejercer su trabajo con la independencia de estos años.
Asimismo, en el documento la APM afirma que "cada gobierno ha impulsado alguna reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y todas ellas han ido orientadas a infiltrarse en el interior del edificio de gobierno de los jueces creado por la Constitución para –desde ahí- poder limitar nuestra independencia e influir en todo aquello que les permita impulsar decisiones judiciales que les resulten favorables o desacreditar aquellas otras que les resulten finalmente adversas".
Los jueces conservadores recuerdan que la Constitución perfiló que al Ministerio de Justicia le correspondía "exclusivamente" dotar a los jueces y magistrados de los recursos personales y materiales. Sin embargo, la APM entiende que desde esta cartera "nunca" se ha atendido adecuadamente esta función.
Junto con la APM, el resto de asociaciones de jueces y fiscales han mostrado su malestar con el Ejecutivo, principalmente por los recortes económicos aprobados recientemente.