La limpieza política realizada por ETA durante décadas en el País Vasco y Navarra puede sufrir un golpe importante en los próximos meses o años. Y es que aquellos ciudadanos que abandonaron ambas regiones por la presión de los terroristas y sus acólitos podrán volver a votar en todas las citas electorales que se celebren en ambas comunidades.
Así lo anunció este miércoles el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, después de recibir el informe que encargó a primeros de junio al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), un organismo de expertos jurídicos dependiente del Ministerio de la Presidencia.
El citado informe no sólo considera que es posible que estas personas ejerzan el derecho al voto en las localidades donde vivieron antes de exiliarse y abandonar su tierra, sino que aporta también un texto articulado de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
Es más, según avanzó, para la elaboración del mismo se utilizaron como hoja de ruta el artículo 23 de la Constitución, sobre el derecho de participación política, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el informe elaborado por el Ararteko –defensor del pueblo vasco– en 2009 sobre desagravios a las víctimas del terrorismo y los amenazados por ETA.
Fernández Díaz dijo que el documento será enviado este mismo miércoles al Gobierno vasco y al Gobierno navarro, así como a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, a excepción del de Amaiur, según especificó sin pronunciar directamente su nombre. A partir de ahí, llegará el momento del debate político y de los acuerdos.
"La reforma de la LOREG debe contar con el máximo nivel de consenso. Debe haber un acuerdo, como mínimo, entre los dos grandes partidos, PP y PSOE", dijo, tras lo que avanzó que también buscarán el apoyo parlamentario de las formaciones más votadas en la comunidad vasca y Navarra, el PNV y UPN.
Las próximas elecciones vascas se deberían celebrar en marzo de 2013, aunque muy probablemente sean adelantadas a este otoño o invierno. Indistintamente, esta reforma electoral no estaría aprobada para esta contienda electoral, por lo que los exiliados deberían esperar a las siguientes elecciones para poder votar. "Estas modificaciones no se hacen pensando en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones", aseguró el ministro.
Las claves de la reforma
El director del CEPC, Benigno Pendrás, afirmó que durante su trabajo partieron de tres ideas fundamentales: la reparación de la injusticia cometida con estas personas, que el cambio legislativo tuviese un perfecto encaje constitucional y modificar lo menos posible la Ley Electoral.
Según explicó, podrán acogerse a la posibilidad de votar en las localidades vascas o navarras de origen, o de donde tuvieron que exiliarse, aquellos ciudadanos que estuviesen censados en las mismas entre el 15 de junio de 1977 –fecha de las primeras elecciones democráticas– y el 31 de diciembre de 2011 –aunque esta fecha podría modificarse a cualquier fecha de 2012–, durante un periodo de cinco años.
Estas personas deberán dirigirse a su junta electoral local actual y solicitarlo. Allí, deberán firmar una declaración, que tendrá principio de veracidad –bastará con su palabra–, en la que aseguran que se vieron obligados a abandonar el País Vasco o Navarra por la presión de los terroristas. Lo que sí investigará la administración es si estuvieron censados en la localidad donde aseguran durante más de cinco años.
Para solicitar este cambio en el censo electoral, los exiliados tendrán un plazo de seis meses desde que se apruebe la ley, y se podrán ejercer este derecho al cambio una primera vez, y a revocar el mismo una vez también. Este cambio en el censo electoral no se verá reflejado en el padrón municipal, por lo que estos exiliados no tendrán problemas con temas diarios como los médicos de cabeceras o las plazas para inscribir a sus hijos en colegios concertados, entre otros.
En cuanto a las modificaciones que necesitará la LOREG, señaló como punto clave la introducción de un artículo "33 bis" en la misma, en el que se especifica con exactitud los procedimientos para el cambio de censo y los derechos de estos exiliados. También serán necesarios cambios en otros artículos de la actual ley. Así, se introducirá un apartado 4 en el artículo 2; una letra g) en el artículo 30; un apartado 3 en el artículo 153; se modifica la redacción del artículo 209; y se introduce una disposición transitoria novena.
Una iniciativa de César Velasco
La primera iniciativa para restaurar el derecho al voto de aquellos ciudadanos que se vieron obligados a abandonar el País Vasco y Navarra por la presión de ETA y sus secuaces partió de un dirigente local del PP alavés. Se trata del que fuera procurador en las Juntas Generales de Álava y subdelegado del Gobierno en Álava durante los gobiernos de José María Aznar, César Velasco Arsuaga.
Este dirigente popular también destacó durante sus años de actividad política al frente de la representación del Estado en Álava por éxitos como conseguir que los agentes de la Ertzaintza juren o prometan acatar la Constitución en su toma de posesión, o que la Ley de Banderas deba cumplirse en los edificios públicos de la región. No en vano, fue gracias a su trabajo por lo que llegaron las primeras sentencias judiciales que obligaron a la Academia de Arcaute, el Parlamento vasco o las Diputaciones y Juntas Generales de Vizcaya y Guipúzcoa a colocar la enseña nacional.
Él fue quien realizó un primer informe sobre el voto de los exiliados por ETA en 2003, por iniciativa propia, que entregó al ex ministro del Interior y por entonces jefe de filas del PP en el Parlamento vasco, Jaime Mayor Oreja, y al entonces delegado del Gobierno en la comunidad vasca, Enrique Villar.
Cinco años después, en 2008, el propio Velasco, con la colaboración de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES), que preside Santiago Abascal, lanzó la iniciativa "Un exiliado, un voto", destinada a que los ciudadanos se uniesen a la misma y solicitasen al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que aprovechando la redacción de la Ley de Solidaridad de las Víctimas del Terrorismo, realizase una modificación de la ley electoral que permitiese en voto de los exiliados.
A esa campaña, que tuvo poco eco en los medios de comunicación, pues sólo Libertad Digital informó de la misma y facilitó los medios para adherirse a ella, se unieron rápidamente tanto las víctimas del terrorismo como el propio Partido Popular del País Vasco, por medio de Antonio Basagoiti.
Este año, el presidente de los populares vascos fue el encargado de incorporar esta petición en la ponencia política de su formación, y hacérsela llegar al ministro del Interior, aunque sin recordar que la misma partió inicialmente de su compañero de partido César Velasco.