El diario El Mundo desvela este domingo una red de corrupción que tejieron altos cargos de Interior durante la época de Rubalcaba. Cobijados bajo el paraguas de una empresa tapadera -"consultora de inteligencia y seguridad" llamada "Interligare", los altos cargos de Interior amañaron pliegos de condiciones para la concesión de proyectos y subvenciones que podrían haber ascendido a los 2,4 millones de euros, según la Policía Judicial y los informes de la Brigada de Delincuencia Económica.
Los implicados
Gabriel Fuentes: Exsubdirector general del Gabinete Técnico de Interior con Juan Alberto Belloch, ex comisario general de Información, actual asesor del ministro Jorge Fernández Díaz y vicepresidente de Interligare.
Miguel Ángel Fernández Rancaño: jefe superior de Policía de Madrid durante los atentados del 11-M, exmano derecha de Rafael Vera y consejero de Interligare.
La Brigada de Delincuencia Económica los considera responsables del plan para recibir subvenciones por 2,4 millones de euros públicos de forma irregular a través de la consultora de inteligencia y seguridad "Interligare".
Luis Luengo: director general de Infraestructuras de Interior durante la era Rubalcaba. La Policía Judicial le considera como tercer cabecilla de la trama. Era el encargado de adjudicar los contratos tras filtrar los pliegos de bases a Interligare.
David y María Eugenia Luengo Riesco: Hijos de Luis Luengo, aparecían como directores generales de Interligare. María Eugenia era responsable del TAG –sección para trabajar con inteligencia social, una ONG que no llegó a ponerse en funcionamiento-. David era director de desarrollo de negocio, la cara visible de la empresa a la hora de captar nuevos proyectos.
José Luis Martín Juárez: presidente de Interligare y persona cercana al círculo de confianza de José Blanco, ex ministro de Fomento. La Policía le considera el "cuarto hombre" de la trama de corrupción.
La trama y el 'modus operandi'
El informe definitivo de la Policía Judicial advierte de "la comisión de cinco delitos: contra la Seguridad Social, estafa, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias".
Por su parte, los informes policiales revelan –según El Mundo- que "de Interligare existen indicios de que ha podido ser utilizada por su Consejo de Administración para la obtención de una serie de cuantiosas subvenciones, principalmente del Ministerio del Interior –aunque también del Ministerio de Ciencia y Tecnología- para proyectos de I+D".
Además, dice otro de los informes en manos de El Mundo que "bajo la apariencia de seguridad nacional, dichos proyectos carecen de publicidad y son asignados directamente a esta empresa". Unos proyectos que "prácticamente ninguno ha funcionado". Así, la Policía acredita que hubo trato de favor y lo atribuye a la presencia en el consejo de Interligare de "personalidades que fueron relevantes en Interior".
Según los informes policiales recopilados por El Mundo, la subdirectora de Infraestructuras y Material de la secretaría de estado de Seguridad, Alicia Álvarez, enviaba el pliego de prescripciones técnicas a Alexandre Hermida, director general de Interligare, con el objeto de que en la consultora adaptaran dicho pliego a las condiciones, productos, procesos, características técnicas y servicios de Interligare.
Una vez hechas las correcciones pertinentes, la empresa devolvía el pliego a la Secretaría de Estado, concretamente a la mano derecha de Alicia Álvarez, Francisco Villanueva, para su tramitación. Dicho con otras palabras, Interior enviaba las condiciones que se exigirían para la adjudicación de un proyecto a la empresa Interligare, ésta adaptaba todas las exigencias a su medida y devolvía a interior el pliego para publicar el concurso que ganaría sin remedio.
Así se adjudicaron proyectos por valor de 2,4 millones de euros que salieron de las arcas públicas. Se les adjudicó una quincena de proyectos, pero casi ninguno llegó a funcionar. "Sólo uno tuvo un resultado positivo", dicen las fuentes, "un Sistema de Investigación y Vigilancia Interno Penitenciario (SIVIP) que quedó sin terminar por completo".
Más irregularidades
Estas mismas fuentes –antiguos directivos de Interligare- explican que el segundo cabecilla de la trama, Miguel Ángel Fernández Rancaño, llegó a darse contratos a si mismo. Era al mismo tiempo ex jefe superior de Policía de Madrid, consejero de Interligare y responsable de seguridad de una importante entidad financiera. Así, desde dicha entidad, concedió a su empresa, interligare, un contrato por valor de 4 millones de euros.
Los informes también detectaron que Interligare arrastraba de 2009 a 2011 una deuda con la Seguridad Social de 479.455 euros –al superar los 120.000 en un año cumple el tipo de delito contra la Seguridad Social.
Por último, los informes también dejan al descubierto la concesión por parte de Ciencia e Innovación de subvenciones irregulares a la consultora Interligare.