La inauguración de las sesiones de la Comisión de Investigación sobre los ERE fraudulentos en el Parlamento de Andalucía fue un escándalo mayúsculo por cuanto los comparecientes se negaron a declarar usando al órgano parlamentario como altavoz de sus proclamas y por cuanto quedó manifiestamente claro la perfecta coordinación de los imputados con el grupo parlamentario socialista y la complicidad de Izquierda Unida en lo que el PP ha llamado "pantomima" parlamentaria.
El comienzo de la sesión de hoy ha deparado la ausencia del principal compareciente, Ángel Rodríguez de la Borbolla, al que la presidencia de la Comisión alega no haber podido localizar.
Ninguno de los llamados por la Comisión en el día de ayer, Ramón Díaz, Antonio Diz Lois y Fernando Mellet, todos ellos responsables muy importantes de la trama investigada, quiso declarar ayer, día en que se hizo asimismo público que tampoco lo haría en día y forma la ex ministra y ex consejera Magdalena Álvarez.
Esta mañana, a las nueve, la comisión ha tenido que suspender sus trabajos ante la no comparecencia de Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del ex presidente de la Junta de Andalucía, "Pepote". Con esta ausencia, el escándalo crece aún más y crece asimismo la impresión de que el PP podría abandonarla de seguir produciéndose estos hechos.
El PP ha acusado al PSOE de querer que la Comisión de Investigación de los ERE falsos que se celebra en el Parlamento de Andalucía sea una "comisión muda", después de que el grupo socialista se haya negado a formular sus preguntas a los comparecientes de la primera sesión celebrada ayer. En el transcurso de la misma, ni el exasesor de la Consejería de Empleo y exdiputado socialista, Ramón Díaz, ni el exjefe de servicio de la Dirección General de Trabajo Antonio Diz-Lois, han respondido a las preguntas del resto de los grupos, limitándose a la lectura de una declaración junto a sus respectivos abogados.
Para el representante del PP en la Comisión, Rafael Carmona, la actitud del PSOE, que ha optado por entregar sus preguntas por escrito al presidente de la Comisión, demuestra que los socialistas "están orquestando la función" y están convirtiendo la Comisión de Investigación en un circo. Carmona explicó que el PSOE pretende que los comparecientes respondan a las preguntas por escrito, pese a que la comisión ha rechazado ese procedimiento en una reunión mantenida esta mañana. "¿Lo que pretende el PSOE es que Chaves, Griñán, Zarrías respondan también por escrito?", preguntó el diputado popular
El PP ha criticado duramente los "esfuerzos" del PSOE por dificultar el trabajo de la Comisión. "Pretenden terminar en nueve días lo que pasó en diez años", ha afirmado Carmona, quien también ha criticado que la comisión se celebre en pleno mes de agosto, " a prisa y corriendo", que la documentación a los grupos haya llegado "con cuenta gotas" y que las instalaciones parlamentarias "no dispongan de aire acondicionado o servicios técnicos" en algunos momentos del día.
Carmona ha destacado que a pesar de los obstáculos el PP cumplirá con su objetivo de llegar a la verdad y esclarecer que ha pasado para que estemos ante el mayor fraude de la historia democrática de Andalucía. Ha reiterado que el PP seguirá preguntando para saber qué ha pasado con los más de 1.500 millones de euros que son "1.500 millones de razones" para que los comparecientes respondan y el PSOE pregunte".
El caso del "ilocalizable" Ángel Rodríguez de la Borbolla
La juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que investiga las presuntas irregularidades halladas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE),imputó a Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla, por haber obtenido con total ausencia de procedimiento y "sin mediar solicitud" 9.009.108 euros en ayudas concedidas por la Consejería de Empleo de la Junta.
Curiosamente, en una especie de venganza siciliana, fue la propia Junta de Andalucía quien pidió a la juez el pasado mes de octubre de 2011 -solicitud que fue reiterada en enero de este año- que imputase a Ángel Rodríguez de la Borbolla, que ha formado parte de los órganos de administración de varias empresas relacionadas con el sector del corcho, a alguna de las cuales la Junta incluye en una "presunta trama de empresas vinculadas", que ascenderían a 18 empresas, y que podrían haber cometido un fraude de 20 millones de euros.
Según la juez, Rodríguez de la Borbolla, "mediante un sistema de entramado de empresas dedicadas a la manufactura del corcho y ubicadas en la Sierra Norte de Sevilla habría obtenido, con total ausencia de procedimiento, sin mediar solicitud y sin acreditar los fines para las que fueron concedidas, ayudas otorgadas por la Consejería de Empleo y que oscilarían alrededor de los 9.009.108 euros con cargos a los fondos públicos y a través de la agencia IDEA".
Pues a estas alturas tan ilocalizable está el dinero destinado a tales ayudas y subvenciones como el propio imputado de la Borbolla cuya ausencia ha sido hoy clamorosa.