En su escrito, Manos Limpias alega que Yuste ha podido cometer un delito de prevaricación al dictar la resolución que concedió el tercer grado al preso de ETA "a sabiendas de que es injusta".
"A sabiendas de que deberían figurar otros requisitos tales como el perdón, el arrepentimiento, la desvinculación y condena de la banda terrorista, el comportamiento en prisión, requisitos éstos establecidos en el artículo 92 del Código penal", detalla Manos Limpias en su denuncia, "son ignorados intencionadamente por el denunciado, puesto que sin estos requisitos no se podía haber concedido el tercer grado".
Manos Limpias argumenta que han prevalecido en la decisión de la concesión del tercer grado "consideraciones políticas", que enmarcan en la denominada "hoja de ruta de un proceso político donde la Ley y el Estado de Derecho se supeditan y condicionan a consideraciones políticas".
En su exposición, el sindicato señala que Bolinaga reaccionó a la concesión del tercer grado asegurando que "el proceso está bien encaminado" y que había que "seguir así para lograr la solución que necesita" el País Vasco.
Manos Limpias indica también que su denuncia por prevaricación se ve respaldada por el hecho de que el informe del fiscal Pedro Rubira al juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro manifestara que "el etarra Bolinaga no se encuentra en estado terminal ni se dan los requisitos del artículo 92 del Código Penal para que se le conceda el tercer grado".
Según este sindicato, "ante la evidencia de los hechos y el escándalo producido", Ángel Yuste no rectificó una decisión que "solamente con el informe contradictorio del forense tendría que haber revocado".