Tras haberles remitido 15 advertencias e informes acerca de la "vulneración" de la legalidad de los procedimientos y de haber intentado, incluso con informes no preceptivos aunque facultativos, que se cambiasen unos mecanismos de gestión inadecuados que condujeron a la consumación de un fraude sin precedentes en la historia reciente de la democracia, el ex interventor de la Junta, Manuel Gómez Martínez, clamó en la Comisión de Investigación sobre la ironía que significaba que los que ignoraron sistemáticamente sus consideraciones, hubieran dicho en la Comisión que no hicieron nada porque no hubo un informe de actuación de la Intervención en el caso de los ERE.
Gómez, que dirigió la Intervención General entre 2000 y 2010 y fue interrogado como testigo por la Guardia Civil en octubre de 2011 al haber emitido informes desfavorables sobre cómo el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) pagaba a los prejubilados de los ERE mediante transferencias de financiación desde la Consejería de Empleo, ha insistido en que esta Administración, por "sentido común", debió "tomar medidas" al respecto. Según ha ejemplificado de una forma muy gráfica, "sería como si el vecino te avisa de que al extractor de tu cocina le salen llamas" y, en lugar de llamar a los bomberos, "esperas a que el vecino te lo confirme por correo electrónico".
De esa forma se refería el Interventor directamente a los altos cargos de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que, siguiendo el mismo guión, dijeron a la Comisión que lo que se hizo en la misma desde 2001 era totalmente legal, totalmente procedente y que la ausencia de un informe de actuación por parte de la Intervención, era la prueba del nueve de sus tesis.
Sin embargo, el Interventor afirmó que no era preceptivo tal informe de actuación pero que, sin embargo, no hacer nada tras las apreciaciones consignadas en sus informes era algo impensable. Hasta tal punto insistió en la excepcionalidad de la situación que dijo que en toda su vida profesional al frente de la Intervención no había visto un caso igual.
No quiso aclarar en la Comisión si pensaba que el comportamiento de los consejeros se debía a una estrategia de elusión de controles y derecho administrativo ni si era posible que los procedimientos arbitrarios decididos no fueran conocidos por las más altas instancias de la Junta dado el volumen inmenso de dinero que se destinaba a estos menesteres.
De su explicación de lo sucedido, cabe deducir algunas conclusiones:
a) El modo elegido por la Consejería de Empleo, las transferencias de financiación, para hacer llegar dinero a quien consideraba oportuno era un modo que, curiosa y excepcionalmente, impedía la acción auditora de la Intervención a priori. Había otros modos de hacerlo, pero se eligió precisamente este.
b) El convenio que daba origen a estas ayudas (fondo de reptiles) fue un convenio no necesario entre un consejero y un viceconsejero sin expediente administrativo ni control alguno de la Intervención.
c) Es excepcional el hecho de que fuera la Consejería de Empleo la que gestionara la concesión de las ayudas y otro organismo de otra Consejería la que pagara desde 2004. Precisamente por ello, era imposible el control, aunque el Interventor no quiso atribuir la intencionalidad de elegir ese procedimiento a ninguna autoridad política.
d) Aunque el PSOE ha defendido por activa y por pasiva que la competencia para otorgar las ayudas había sido delegada en el director general de Empleo y Seguridad Social -en referencia expresa a Francisco Javier Guerrero -, la documentación aportada por la Junta avala que la competencia no fue oficialmente delegada por lo que las competencias eran atribuciones de los Consejeros.
e)A pesar de las 15 admoniciones y sus informes, remitidos a las consejerías de Trabajo, de Innovación y de Hacienda(cuyo titular era en el momento de los hechos, José Antonio Griñán), nadie tomó cartas en el asunto y el procedimiento viciado que ha dado origen a un fraude descomunal ha podido llevarse a efecto.
f)La Intervención no pudo intervenir en los procedimientos lejanos a la legalidad de la Consejería de Empleo porque en la misma no había determinaciones de pago, que estaban radicadas en otra Consejería.
Tanto Izquierda Unida como el PP, el más riguroso e incisivo con los interrogatorios, concluyeron que el procedimiento fue conscientemente buscado por los consejeros de Empleo -no se sabe con el permiso de quiénes o la recomendación de quién -, precisamente para eludir todo control sobre tales fondos y su gestión. El PSOE, aunque en unos momentos intentó culpar al propio Interventor por no haber obstruido estos comportamientos(de "prueba diabólica" calificó el compareciente las exigencias de su portavoz), vio cómo su defensa resultaba destrozada y terminaba sacando a relucir un texto de un convenio de la Generalitat Valenciana pocos saben por qué.
Con la comparecencia del ex interventor Gómez Martínez se cierra una de las vías de escape ideadas por la defensa que los consejeros y viceconsejeros de Empleo habían tejido sobre el caso. Tal defensa descansaba sobre los pilares siguientes:
- el convenio y las ayudas eran legales porque aparecían en los presupuestos generales de la Junta
- el Interventor ni nadie había advertido de su irregularidad.
Gómez Martínez ha subrayado que el convenio y sus fines eran legales porque aparecían en una Ley y, como tal, no podían ser ilegales, pero no así los procedimientos usados y que sí se advirtió con claridad - un escrito de un Interventor es una cosa seria, dijo -, sobre la ilicitud del procedimiento de concesión de las ayudas y su control.
Griñán tenía que tener conocimiento de ello
Cuando menos el actual presidente de la Junta y ex consejero de Economía y Hacienda en el momento de los hechos, tuvo que tener conocimiento de las irregularidades debido a los informes que el Interventor remitió a su propia Consejería de referencia, si bien no los remitía por correo certificado con acuse de recibo sino por otro método de comunicación interna.
Según el Interventor, que Griñán estuvo enterado se muestra en que, resume EFE, tuvo que redactar un informe especial al advertir "deficiencias administrativas muy serias". Y posteriormente, se demuestra que Griñán tuvo que conocer este informe especial que le remitió la Intervención, porque la "insuficiencia presupuestaria" de 38 millones detectada entonces "sí fue objeto de atención porque se fue reduciendo hasta que desapareció".