La consejera Aguayo quedó en evidencia en la comisión de los ERE cuando negó que hubiera leído los informes de la intervención, nada menos que más de 800 en los años 2001 a 2010, pero reconoció después que tuvo en cuenta sus advertencias sobre los excesos presupuestarios derivados del "fondo de reptiles", la partida 31L, hasta que los resolvió.
Que leyera una parte de las instrucciones de la Intervención General y no las otras, las que hacían referencia a la ilegalidad de los procedimientos, parecía imposible, de modo que la consejera y mano derecha del presidente Griñán mantuvo que, aunque no los había leído, sí hablado de su contenido con el propio Interventor, Manuel Gómez.
Naturalmente, de su exposición se dedujo que los informes de la Intervención eran sistemáticamente despreciados y archivados en la Consejería de Economía y Hacienda y que, al parecer, no los leía nadie. Como mínimo, este comportamiento es altamente anómalo.
El diputado del PP, Rafael Carmona, aprovechó el momento para sostener que es increíble que la Consejería de Economía y Hacienda, entonces regentada por Griñán, fuera sólo un "archivador" de los informes del Interventor sin tener ninguna competencia para hacer frente a las recomendaciones que se hacían.
Durante toda su intervención, la actual consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta hizo hincapié en que la antigua Consejería de Economía y Hacienda no tenía ninguna competencia para reformar el procedimiento ilegítimo y arbitrario que se utilizaba en la Consejería de Empleo para repartir el dinero del "fondo de reptiles". Nuevamente, como ayer el Interventor, la responsabilidad era de la Consejería de Empleo.
Téngase en cuenta que cuando se conoció que los informes especiales de Intervención fueron remitidos a José Antonio Griñán y, que, por ello, el actual presidente de la Junta debería haber tenido conocimiento de las irregularidades detectadas en el Juzgado de Instrucción, la consejera Martínez Aguayo, entonces viceconsejera, se apresuró a declarar que estos informes no se los trasladó al consejero Griñán, sino que los guardó en un cajón.
La diputada de IU, Alba Doblas, afirmó que, dado que nadie parece reconocer competencias para arreglar un procedimiento irregular, de no haber sido por la denuncia de dos empresarios en el caso Mercasevilla por una extorsión explícita de dos altos cargos socialistas de Mercasevilla, nunca se habría conocido ni se habría reparado el daño causado.
El diputado del PP, Rafael Carmona, afeó a la compareciente que en toda su intervención hubiera omitido que además de viceconsejera en el momento de los hechos, era miembro del Consejo Rector del IFA, órgano pagador de las ayudas, que -por ejemplo- en el 13 de febrero de 2006, con su presencia y voto a favor, se aprobó una ayuda con cargo a la partida 31L, de 1,2 millones de euros con destino a la empresa Corcho y Tapones de Andalucía. Según Carmona, la hoy consejera debía conocer mucho mejor de lo que ha expuesto, el funcionamiento de la concesión de los fondos, a lo que Aguayo dijo que apenas había ido dos veces a dicho Consejo Rector.
Contrastó significativamente que la consejera Aguayo se exaltara de manera ascendente respondiendo a las preguntas del PP mientras mantenía una calma templada a las preguntas, a veces más intensas, de IU. Llegó Aguayo a acusar a Carmona de estar mintiendo, de estar deformando y de hacer un flaco favor a la Comisión, a lo que Rafael Carmona respondió que lo que hacía el PP era poner a disposición de los ciudadanos la realidad de un gobierno que no controlaba los fondos que aprobaba y que, por ello, había estallado el escándalo.