L D (Agencias) El plazo para presentar enmiendas terminó ayer lunes a las 24.00 horas y la "avalancha" de propuestas se registró sobre todo en el último día. El número de enmiendas supera ampliamente a las 1.400 que se registraron en el Congreso Nacional de 2004. Según el cómputo realizado por el Comité Organizador, la Ponencia Política es la que ha recibido más enmiendas (1.162), seguida del texto de Estatutos ( 561). En tercer lugar se sitúa la Ponencia de Economía (401).
A partir de ahora, y hasta el día 12 de junio, se revisarán todas y cada una de estas iniciativas. Cabe la posibilidad de que sean retiradas, incorporadas directamente a los documentos o que los autores de las ponencias acuerden con los redactores de las enmiendas un texto nuevo que también pase a formar parte de las ponencias. El resto, quedarán 'vivas' para su debate en el Congreso de junio.
Entre las enmiendas a la Ponencia Política (redactada por José Manuel Soria, Alicia Sánchez Camacho y María San Gil, aunque ésta se descolgó del texto en el último momento) destaca la presentada por el ex vicepresidente Francisco Álvarez Cascos sobre la definición del PP como un partido de centro, reformista y liberal. En concreto, Álvarez propone sustituir varios apartados de la ponencia argumentando que son "imprecisos e inconexos" entre sí, "no perfeccionan la definición ideológica del PP y "por el contrario podrían ser interpretados como restricciones del espacio político en el que se encuentra asentado". En su propuesta, recupera el texto del X Congreso de Sevilla y el anterior de la refundación en el que no aparece el término "centro".
También el vicepresidente del Parlmento europeo, Alejo Vidal-Quadras, junto a varios dirigentes del PP han presentado tres enmiendas al texto político en las que plantean un pacto al PSOE para llevar a cabo una reforma parcial de la Constitución, como "única alternativa posible frente a la pretensión de transformar la nación española en una confederación de naciones cuasi-soberanas". Su objetivo es devolver capacidad al Estado y evitar la "fragmentación" de la nación.
Además, estos seis dirigentes del PP abogan en otra enmienda por una visión renovada del liberalismo, sin olvidar los valores esenciales de la tradición cristiana, como "la dignidad y libertad de la personas y sus derechos inalienables, la defensa de la vida humana desde su concepción" y el matrimonio "entre hombre y mujer".
La ponencia de estatutos
El texto estatutario ha sido el segundo que ha recibido más aportaciones de los compromisarios. También Álvarez Cascos ha presentado una propuesta para suprimir el Comité Autonómico que crea la ponencia para dar representación a los presidentes regionales. A su juicio, este comité es un "paso atrás" y una "suplantación encubierta" de los órganos de dirección que, además, "menoscaba" el liderazgo de la Presidencia.
El grueso de las enmiendas al texto de Estatutos se centra en los avales o en la reducción del porcentaje de apoyos que es necesario para presentar candidatura. Así, por ejemplo el PP de Mérida ha presentado una enmienda para reducir al 10 por ciento el número de avales necesarios para presentarse a un congreso (también lo plantean los jóvenes de Nuevas Generaciones), así como que cada compromisario popular pueda avalar hasta tres candidatos a presidente.
En parecidos términos se ha redactado una enmienda del PP del madrileño distrito de Chamartín –que cuenta con el respaldo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre–, en la que se plantea que un compromisario pueda avalar un máximo de dos aspirantes a candidato para fomentar el pluralismo y la participación. En otra enmienda, propone que los resultados electorales cuenten más a la hora de determinar el reparto de compromisarios.
Por su parte, el PP andaluz que dirige Javier Arenas defiende que se incluya en los Estatutos un apartado sobre las "obligaciones de los cargos públicos", como son tareas en las instituciones, en la comunicación con la sociedad y orgánicas e implantación territorial, por las tendrán que "rendir cuentas" ante el propio partido si quieren que se cuente con ellos para optar de nuevo a asumir una responsabilidad en instituciones.
Primarias y limitar mandatos a ocho años
Una de las propuestas con más repercusión mediática ha sido la del presidente del PP del distrito madrileño de Salamanca, Iñigo Henríquez de Luna, en la que aboga por que el presidente nacional y los presidentes de los distintos órganos territoriales del PP sean elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los militantes del partido. Además, plantean que el presidente que salga elegido sea automáticamente el candidato a la Presidencia del Gobierno, para evitar bicefalias como la que vivió el PSOE hace unos años.
También destaca la propuesta de Nuevas Generaciones para limitar a ocho años los mandatos de los presidentes del Gobierno y de las comunidades autónomas y otra enmienda para que la dirección nacional sólo facilite el censo de afiliados (no medios materiales) a los aspirantes a candidatos.
El PP de Baleares ha registrado una iniciativa para que los candidatos no puedan obtener más de un 25 por ciento de los avales a compromisarios. Asimismo, hay enmiendas para que la dirigente vasca María San Gil sea nombrada presidenta de honor del PP, junto a José María Aznar; y otra para que la bandera nacional sera "obligatoria" en todos los congresos, convenciones y reuniones de la dirección del PP.
Estas enmiendas a la Ponencia de Estatutos podrían entrar en vigor en este mismo Congreso si se aprueba incluirlas en los Estatutos del PP, según informaron a Europa Press fuentes populares. De esta forma, el presidente nacional del partido, Mariano Rajoy, tendría más posibilidades de enfrentarse a una candidatura alternativa en este cónclave, algo que, por el momento no se ha materializado.
Eliminar referencia explicita a los trasvases
La Ponencia Económica que han redactado Gerardo Camps, Fátima Báñez y Engracia Hidalgo ha sido la menos enmendada por los compromisarios. Sin embargo, las enmiendas presentadas tienen gran interés, sobre todo la registrada por el PP de Aragón para eliminar la referencia explícita a los trasvases.