L D (Agencias) En rueda de prensa celebrada en la sede del PP a la que asistió junto a la presidenta del Partido Popular en Madrid, Esperanza Aguirre, y el secretario general de los populares madrileños, Francisco Granados, Acebes explicó que pedirán de forma urgente la celebración de un Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados con el fin de analizar en profundidad los hechos ocurridos. Acebes agregó que trasladarán lo sucedido al Parlamento Europeo, porque se trata de "la primera vulneración de derechos y libertades de militantes de un partido que se produce en la historia de la democracia".
"Desde este momento el PP retira su confianza en José Antonio Alonso", anunció Acebes, mientras recordó que, según la sentencia de la Audiencia Provincial, "no hubo agresión" al ex ministro de defensa, y que, en su opinión, la denuncia de Bono fue "inventada". El secretario general popular, acusó de "mentir" también al entonces ministro de Interior, hoy de Defensa, José Antonio Alonso, por defender en una comparecencia en el Congreso que "no hubo detenciones ilegales, ni manipulación de pruebas". "Ésta es la España de Zapatero", había dijo Acebes en una primera intervención por la mañana.
"Los hechos probados con la sentencia son suficientes para depurar responsabilidades con el cese del ministro Alonso y del delegado del Gobierno. Para el PP es insuficiente con las responsabilidades penales. Ha llegado el momento de dar la cara. Estas dos personas no pueden esconder sus responsabilidades por más tiempo detrás de los policías", argumentó.
Acebes insistió en que la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a tres policías por la detención ilegal de dos militantes del PP atestigua que la "España de Zapatero es la persigue a sus adversarios políticos". Asimismo, criticó la actuación de la Fiscalía General del Estado durante el procedimiento, pues ha estado "más al servicio del PSOE que de los derechos y libertades de los ciudadanos", y agregó que los hechos probados en la sentencia de la Audiencia Provincial son "inatacables" y "suficientes" para exigir al Gobierno las responsabilidades políticas pertinentes.
"Deterioro de la democracia del presidente del talante"
Por su parte, la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, destacó la "enorme importancia" de la sentencia, pues es la primera vez en la historia de la España democrática en la que se condena a miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por detención ilegal de unos militantes de un partido democrático. Aguirre afirmó que se trata de "detenciones políticas" y argumentó sus palabras refiriéndose a la página 39 de la sentencia en la que el juez afirma que no puede probar que haya habido órdenes políticas para que se produzcan las detenciones, tiene indicios de que en las mismas influyeron las declaraciones que la noche anterior hicieron el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, y el delegado del Gobierno, asegurando que se iban a producir detenciones inmediatas porque se deducían de la actuación de la policía.
La presidenta subrayó que la sentencia pone de manifiesto que "no hubo ninguna agresión" al entonces ministro de Defensa, José Bono, "a pesar de que dirigió de motu propio un escrito al juzgado que estaba tramitando las diligencias en contra de los militantes del PP en el que manifiesta que fue agredido, cosa absolutamente falsa, como considera la sentencia". Aguirre pidió a Acebes que convocara a los corresponsales extranjeros en Madrid para que puedan tener conocimiento de lo que ella calificó como una "clarísima manifestación del deterioro de nuestra democracia, la democracia del presidente del talante que sin embargo consiente que se produzcan detenciones ilegales a militantes de un partido por acudir a una manifestación absolutamente legal".
Asimismo, exigió que se restaure en su puesto y en su credibilidad al policía que se negó a realizar las detenciones. La presidenta de los populares madrileños se preguntó si esta misma situación ocurriese en Inglaterra y ella misma se respondió: "En Inglaterra habría caído Tony Blair. Habría habido una cascada de dimisiones". Preguntados por qué no han dirigido su actuación contra los ministros, en lugar de contra los policías que practicaron las detenciones, Aguirre dijo que el PP "no ha podido probar que se dieron instrucciones políticas", aunque precisó que lo que sí se ha probado en la sentencia es que "las declaraciones de los políticos pudieron influir en las detenciones".
Finalmente, se cuestionó qué hubiera pasado si se hubiera detenido a dos militantes del PSOE cuando gobernaba el PP y pidió que los hechos se contextualicen y se tenga en cuenta que la manifestación tuvo lugar inmediatamente después de que el nuevo comisionado para las víctimas del terrorismo, Gregorio Peces Barba, fuera nombrado, y la Asociación de Victimas del Terrorismo se niega a aceptar la negociación con ETA. "Aquella manifestación se convoca en aquel contexto y tiene un éxito espectacular que al Gobierno de entonces no le conviene reconocer y esa es la razón por la que, de unos incidentes nimios, pues es verdad que probablemente increparon al señor Bono, se pretendió decir que eran fuerzas de la extrema derecha que querían pegar al ministro y eso es mentira", concluyó Aguirre.
Por su parte, el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, dijo que "sin ninguna duda" van a tener que producirse dimisiones en el seno del Ministerio del Interior pues "no puede ser que el ministro del Interior y el de Defensa se escondan detrás de los tres policías" que han sido condenados por la detención ilegal de dos militantes del PP. Recordó que también hubo un delegado del Gobierno, Constantino Méndez, "que mintió, que anunció unas detenciones ilegales antes de que se produjeran y que la sentencia de alguna manera también le atribuye una responsabilidad". Por este motivo, el PP pedirá las responsabilidades políticas oportunas.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha saludado la condena impuesta a los tres, al tiempo que exigió la dimisión de Constantino Méndez que "está tardando" en hacerlo y reclamó al Ejecutivo que pida disculpas por criminalizar y atacar a los militantes populares y a la propia AVT. En declaraciones a Europa Press, el presidente de esta asociación,
Francisco José Alcaraz, reclamó, además de al Gobierno, a "sus ministros y a algunos medios" de comunicación "afines" que, según él, "criminalizaron y atacaron" a los militantes del PP y a la AVT por lo sucedido que "tengan ahora la misma valentía de reconocer los errores cometidos y pidan disculpas públicamente" por haber hecho declaraciones que ahora se demuestran que "se basaron en la mentira".
