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Alberto Recarte propone una reforma constitucional que acabe con la partitocracia

El horizonte de la propuesta del presidente de LD es "la auténtica reforma pendiente, la que consagra la independencia del poder judicial".

En un abarrotado Ateneo de Madrid, el presidente de Libertad Digital, Alberto Recarte, pronunció una conferencia en la que explicó su propuesta de bases para la reforma constitucional.

Como punto de partida, Recarte formuló un diagnóstico de la crisis que ha llevado a España a una situación de emergencia. El presidente de LD distinguió dos planos: por un lado el origen de la crisis, que sitúa en la política monetaria expansiva de los bancos centrales, y, en segundo lugar, los problemas de carácter estructural e institucional que en España han acrecentado la crisis y, a su vez, impiden que se lleven a cabo las reformas de calado que necesita el país. Ambos casos, en opinión de Recarte, vienen determinados por las carencias de la Constitución, ya sea de origen, como es el caso de la política monetaria, al no existir reglas específicas en el texto constitucional; o bien por la irresponsabilidad de las instituciones, principalmente los partidos políticos por su "populismo", encargadas del desarrollo de la norma constitucional.

Recarte señaló los principales problemas económicos a los que se enfrenta España:

  1. El funcionamiento del euro y la política monetaria y crediticia del Banco Central Europeo.
  2. La solvencia y la liquidez del Sistema Financiero español; en particular de las Cajas de Ahorro.
  3. El déficit y el endeudamiento de las Comunidades Autónomas. Además, en menor grado, al menos cuantitativamente, la situación de insolvencia de muchos de los 8.108 ayuntamientos españoles. Igualmente preocupante es el déficit y la deuda de la Administración Central y de sus organismos autónomos, como la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal.
  4. El funcionamiento del mercado de trabajo, que es una de las causas de que en España el empleo sea escaso y de que no existan empresas de tamaño medio y grande, lo que dificulta el aumento de la productividad y competitividad de la economía. El papel destructivo de los sindicatos en relación con todas esas carencias es mayor del que se imagina, pues su financiación les permite no tener que responder ante nadie de lo acertado o erróneo de sus actuaciones. Y no está de más recordar que los sindicatos son las únicas sociedades que nunca han publicado sus cuentas, a pesar de nutrirse, básicamente, de subvenciones públicas.
  5. La corrupción en las Administraciones Públicas. Un problema de mayor envergadura en las entidades locales, pero que también aparece en las autonomías y en la Administración central.
  6. La irresponsabilidad fiscal. Se manifiesta sobre todo en las autonomías pero también en los entes locales. En el caso de las autonomías, la irresponsabilidad está alentada por la forma en que se financian, pues entre un 80% y un 90% de sus ingresos son impuestos estatales cedidos, total o parcialmente. El origen de la irresponsabilidad es la política de los partidos nacionales mayoritarios de transferir cada vez mayores competencias exclusivas del estado a las autonomías, acompañadas de una mayor transferencia de recursos financieros, así como de dotarlas de capacidad normativa, junto a la renuncia a controlar el ejercicio de esas competencias.

A juicio de Alberto Recarte, la irresponsabilidad de los partidos políticos no puede explicar por sí sola el deterioro institucional, sino que existen vicios de origen en el propio texto constitucional que lo han permitido. En buena parte, considera Recarte, se debe a la coyuntura en la que se elaboró la Constitución de 1978: "Permitió pasar de la dictadura a la democracia sin solución de continuidad. Pero la mayoría de los partidos políticos que la discutieron y articularon estaban muy lejos de defender un sistema de poderes y contrapoderes que impidiera la concentración de todo el poder en el ejecutivo".

Otro factor determinante es que "el espacio europeo era intelectualmente propicio, en esos años –con la excepción del Reino Unido, donde ya había comenzado la revolución liberal-conservadora-, a los que defendían políticas económicas de intervención pública. Parecía que el socialismo real funcionaba y que el keynesianismo hidráulico sería capaz de superar la crisis del petróleo".

Pero en España esta pulsión estatalista –señala Recarte– no derivó en "un intervencionismo del estado central" al uso, por "el renacimiento de los nacionalismos en el País Vasco y Cataluña. El terrorismo de ETA se condenaba, pero se comprendía. El nacionalismo catalán, con o sin terrorismo, se respetaba. La mayoría de los partidos, y de los dirigentes políticos, creían que la oposición de los nacionalistas al franquismo durante su última década, entre 1966 y 1976, debería tener un "reconocimiento constitucional".

A esto hay que sumar como "factor diferenciador", en opinión de Recarte, "el papel protagonista del Rey, tras la muerte de Franco y el de una UCD, liderada por Adolfo Suárez, decidida a democratizar España, dirigiendo una transición que pasara "de la ley a la ley" y que tenía como objetivo elaborar un texto constitucional en el que cupieran todas las sensibilidades y disparidades; con el que fuera posible planificar la economía, si eso era lo que querían la mayoría de los españoles y que los nacionalistas pudieran apoyar, porque reconocía competencias exclusivas de las autonomías y la posibilidad de lograr la transferencia de competencias exclusivas del estado".

Recarte hace especial énfasis en "la desconfianza en el poder judicial. Por razones de orden histórico, porque los jueces eran los del franquismo, y por razones ideológicas, porque ni los nacionalistas ni los progresistas del PCE ni del PSOE estaban dispuestos a que las disposiciones legales aprobadas por la Cámara, por la mayoría suficiente, fueran interpretadas por otro poder". Lo que explica que se limitasen "los poderes del Tribunal Supremo superponiendo a éste, por una interpretación del propio Tribunal Constitucional, incluso en cuestiones puramente jurídicas, un Tribunal Constitucional de carácter político y se permitió, en el propio texto constitucional, que en el futuro se intensificara el control político sobre los nombramientos de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, lo que ocurrió con la primera mayoría absoluta del PSOE".

Y el factor que para Recarte resulta más "determinante". Lo que habitualmente definimos como partitocracia, determinada para Recarte por "una ley electoral de 1976, preconstitucional, que condiciona la representación parlamentaria de los partidos nacionales y nacionalistas, primando las mayorías en todos los casos sobre la representación de las opciones minoritarias" y dejar en manos de los partidos "la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial y el contenido de los Estatutos de Autonomía, regulados en el Título VIII de la Constitución; entre otras muchas funciones. Y por esta vía se ha reinterpretado la Constitución y desmembrado el Estado". Lo que ha provocado que, aunque "los partidos políticos estén obligados a mantener, constitucionalmente, un sistema de la democracia interna, ésta no se respeta. En la práctica, no existe ningún otro órgano independiente que pueda exigírsela".

Recarte explicó que estos vicios de origen en la redacción del texto constitucional han tenido como consecuencia que:

  • La monarquía parlamentaria se ha transformado en un régimen en el que el ejecutivo y el legislativo son un solo poder y en el que el poder judicial no es independiente. La Jefatura del Estado es sólo un símbolo. El Tribunal Constitucional decide que quiere decir la Constitución en función de las vinculaciones de los vocales de dicho Tribunal.
  • Los partidos políticos, nacionales y nacionalistas, junto con los sindicatos, han heredado el poder de la clase dirigente del franquismo. Un poder que se revalida en las elecciones democráticas, pero que tiene resortes legales y presupuestarios para hacerse inamovible. Lo más característico de este poder heredado es que ningún representante popular –ni siquiera los senadores- es elegido directamente por la población. El poder no se ejerce como en el franquismo, sin respeto a la democracia ni a las libertades, sino a través de un intervencionismo legal que dificulta la actuación independiente, política, social o empresarial, de los que tienen opiniones diferentes a los partidos que ocupan el poder en cada momento.
  • Las autonomías han recibido la transferencia de muchas de las competencias exclusivas del estado, junto con los recursos financieros suficientes para ejercerlas, tal y como preveía la Constitución. La que no se ha cumplido es la obligación, también constitucional, de controlar la forma en que se ejercen esas competencias.

Para abordar la reforma constitucional, Recarte señaló que sólo hay una vía: "modificar el Título X de la Constitución, el que regula las reformas constitucionales", blindando cualquier cambio a la mayoría de Congreso y Senado, o, en otras palabras, la voluntad de los partidos políticos.

Los objetivos que marca Recarte para la reforma son:

  • Simplificar la posibilidad de hacer reformas de todo tipo, políticas y económicas, acudiendo, mucho más directamente, a la convocatoria de referéndums y evitando la necesidad de mayorías cualificadas, incluso de votaciones, en las dos Cámaras, para lo cual sería necesario modificar el artículo 166 de la propia Constitución, así como los siguientes, el 167 y el 168. Esta reforma constitucional permitiría que nuestra norma constitucional se adaptara a las necesidades políticas y económicas de España en cada momento. La dificultad para hacerlo es que sólo los partidos políticos tienen, según la propia Constitución, capacidad para proponerlo y que sólo si se aprueba por la mayoría cualificada de 2/3 partes del Congreso y la mayoría absoluta del Senado se podría someter a referéndum un cambio de esa naturaleza. Sería igualmente necesario pero es, sin duda, aún más complicado, que se reconociera la independencia del poder judicial y que el Tribunal Supremo sustituyera al Tribunal Constitucional, –que tendría que desaparecer–, como único intérprete de la Constitución.
  • Aunque no es conveniente llevar muchos otros temas económicos al texto constitucional hay algunos que deberían aparecer: la prohibición de financiación presupuestaria de los partidos políticos y la de los sindicatos y organizaciones empresariales así como las competencias exclusivas del estado, revisadas y que no son transferibles en ningún caso, así como recuperar algunas necesarias para poder desarrollar una política económica nacional.
  • Finalmente, será en su momento imprescindible, modificar el texto constitucional y someterlo a referéndum, para que la Unión Monetaria pueda, legalmente, condicionar la política presupuestaria, la supervisión bancaria y la participación y utilización del actual Fondo de Rescate, máxime si se transforma en un Fondo permanente. Si este referéndum se celebrara, habría que aprovechar para reformar, al menos, los artículos de la Constitución que tienen contenido económico y que han sido modificadas por los Tratados con la Unión Europea y la Unión Monetaria Europea.

En definitiva, una amplia propuesta reformista que Recarte considera imprescindible para "plantear la auténtica reforma pendiente, la que consagra la independencia del poder judicial". Sin embargo, se mostró pesimista por la dificultad de llevar a cabo la misma, ya que tienen que ser los propios partidos quienes renuncien a su poder modificando el Título X, en un círculo vicioso de difícil salida.

Al término de la conferencia tuvo lugar un animado e interesante coloquio con algunos de los muchos asistentes, que coincidieron en la necesidad de abordar una reforma constitucional.

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