L D (Agencias) La defensa de los miembros de la anterior Mesa del Parlamento vasco Juan María Atutxa , Gorka Knorr y Kontxi Bilbao recurrirán en amparo ante el Tribunal Constitucional y presentarán un incidente de nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo, que les condenó por desobediencia a la autoridad judicial, al no disolver Sozialista Abertzaleak tras la ilegalización de Batasuna-ETA en 2003 de "forma consciente y deliberada".
Atutxa, Knorr y Bilbao fueron condenados a penas de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y multa por no disolver, como ordenó el Supremo, el grupo de Sozialista Abertzaleak en la pasada legislatura en el Parlamento vasco.
La defensa de Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao formulará un incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los miembros de la anterior mesa del Parlamento vasco, por no disolver SA, al entender que el magistrado Manuel Marchena, ponente de la resolución, "debió abstenerse", ya que ocupó en 2003 el cargo de fiscal jefe de la secretaria general del entonces fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y fue "su mano derecha". Este hecho, en su opinión, "invalida la imparcialidad" de la sentencia.
Además de esta medida, la defensa de Atutxa, Knörr y Bilbao tienen previsto, como anunciaron el pasado día 16, presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, en base a la vulneración de los derechos de igualdad, de un proceso con "todas las garantías exigibles" y de la presunción de inocencia. Asimismo, solicitará a este tribunal la suspensión de la ejecución de la sentencia.
El ex presidente de la Cámara Juan María Atutxa y Kontxi Bilbao comparecieron en una rueda de prensa en Bilbao, acompañados del letrado Alberto Figueroa y apoyados por diversos cargos del PNV y EB, tras hacerse público el contenido de esta sentencia el pasado miércoles.
Durante su comparecencia, aseguraron sentirse "injustamente tratados por la Justicia" y reiteraron la "firmeza" en su actuación, insistiendo en que "no fuimos desobedientes" y mantuvieron su "dignidad" personal e institucional. En cualquier caso, se mostraron convencidos de que "la última palabra está por decir" y que, por tanto, el caso "va a tener un buen final".