Dos días después de que la ministra de Defensa, Carmen Chacón, hiciera públicas las primeras pinceladas sobre la futura Ley de Derechos de los militares, siguen llegando las aportaciones de las asociaciones militares sobre cómo y hacia dónde debería encaminarse la nueva norma.
Este viernes fue el turno de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), que el pasado mes de diciembre sacara a más de tres mil militares a la calle para protestar por los efectos de la Ley de Carrera Militar y reivindicar la Ley de Derechos frente a la sede del ministerio de Defensa.
Su secretario general, Mariano Casado, reivindicó que sean los militares de todos los cuarteles los que decidan mediante sufragio universal a sus representantes en el Consejo, entre personal que esté en activo, y no entre personal en reserva o retirado. "El Consejo se elige ahora a dedo, el único sistema válido sería a través de elecciones en las unidades, lo que no afecta a la disciplina. ¿Cómo se elegiría si no la representatividad de cada asociación?", se preguntó.
En lo que al futuro Observatorio de la Vida Militar se refiere, exigió que sea un órgano independiente que dependa del Congreso de los Diputados y no del Ministerio de Defensa, "para que tenga capacidad real" y lo comparó con una institución como la del Defensor del Pueblo. "No queremos que sea como el Observatorio de la mujer, sin presupuesto y donde las militares que lo componen son elegidas a dedo", dijo.
Casado denunció la "falta de transparencia" con la que, hasta ahora, estaría trabajando el ministerio esta nueva ley y reivindicó la participación de las asociaciones militares en la elaboración de la misma. Tras esto, mostró la disposición de AUME a entrevistarse tanto con los responsables del ministerio de Defensa como con los grupos parlamentarios.
Del mismo modo, criticó el "exceso de protagonismo" que la ministra de Defensa dio a la necesidad de que hubiese un amplio consenso parlamentario para llevar la ley adelante. Tras mostrar su preocupación por la posibilidad de que ese consenso "sea una escusa para poder eternizar" la aprobación de la ley, se preguntó "cómo se mide ese consenso".