Bermejo, que hizo estas declaraciones en la inauguración de un curso sobre normativa y jurisprudencia en materia de recursos hídricos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, se mostró sorprendido porque "titulares del poder judicial del Estado pretendan declararse en huelga".
Así, explicó que la Justicia "es cuestión de todos y necesitamos el esfuerzo de cada uno, no hace falta que nadie ponga de relieve las carencias que hay porque el diagnóstico es muy claro". Tras lo que añadió "estamos satisfechos, dejemos de lado cuestiones corporativas que puedan interferir y que deben ser resueltas en otros foros".
La polémica en torno al derecho de huelga
Y es que la Junta Autonómica de Jueces de Murcia, que se reunió el pasado viernes en el Palacio de Justicia de Murcia, acordó "convocar una huelga el día 18 de febrero de 2009 debido a la situación en la que se encuentra la Administración de Justicia en España y Murcia", según informaron fuentes judiciales. A la vez que denunció la "carencia absoluta de mejores medios materiales y humanos para asumir la cadena de trabajo que existe actualmente".
Además criticó el escaso número de jueces por habitante en la Región de Murcia, "porque es el segundo más bajo de toda España", y ésta, a su vez, se encuentra "a la cola en Europa". La Junta Autonómica de Jueces de Murcia también acordaron volver a reunirse el próximo 21 de enero.
Mientras, el juez decano de Badajoz, Emilio García Cancho, avanzó que si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechaza la convocatoria del paro, los jueces y magistrados extremeños acudirán al Tribunal Supremo para que se pronuncie sobre esta cuestión. Explicó a continuación que los jueces reunidos en la capital pacense consideran que tienen "derecho a la huelga" en tanto que son "trabajadores y ciudadanos" y, por tanto, les "ampara la Constitución".
Por su parte, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, señaló hace unos días que los jueces "no pueden hacer huelga" porque no existe una regulación de este derecho y porque sus funciones son "esenciales" para el funcionamiento del Estado y pidió que se busque otra forma de resolver el problema.