Actual portavoz del Consejo General del Poder Judicial, fiscal de profesión y ex-presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, esta valenciana nacida en Ràfol de Salem (1963) es desde hace más de un año la voz oficial de los jueces españoles. Casada y madre de tres hijos, Gabriela Bravo entiende la Justicia como un servicio que se debe prestar al ciudadano. Libertad Digital ha hablado con ella largo y tendido.

¿Cómo acaba siendo una fiscal la portavoz del gobierno de los jueces?
(Bravo esboza una tímida sonrisa) Porque el Parlamento la propone para ser vocal y, posteriormente, tus compañeros depositan en ti la confianza para que asumas esta responsabilidad. Una responsabilidad que he recibido con muchísima ilusión ya que para mí es un reto. Es ser capaz de acercar la Justicia a los ciudadanos y ser capaz de transmitirles la importante labor de los jueces y que deben confiar en el poder judicial.

Lleva un año como la voz oficial del CGPJ, ¿qué balance hace?
El balance de la actuación del Consejo corresponde hacerlo al ciudadano, que es quien tiene que valorar. Le puedo decir que tenemos mucha ilusión y mucha voluntad por intentar mejorar la situación en la que se encuentra nuestra Justicia. Creo que hemos dado muestras evidentes de nuestra implicación y de nuestro compromiso en la mejora y en la reforma del sistema judicial.

La imagen de la Justicia de cara a los ciudadanos es una imagen cada vez más deteriorada, ¿a qué cree que se debe?
No creo que la imagen de la Justicia esté tan deteriorada como muchas voces aseguran. En primer lugar, porque es un valor fundamental de nuestro Estado de Derecho y la prueba es que nuestros ciudadanos siguen acudiendo a los tribunales porque confían mucho más en el sistema judicial que en cualquier otra fórmula para resolver sus problemas.

Decir que la Justicia está deteriorada creo que no responde a la realidad ya que tenemos un sistema muy garantista y unos jueces muy preparados que actúan con profesionalidad e independencia. Ahora bien, lo que ocurre es que determinados asuntos, por su trascendencia mediática, trasladan a la opinión pública, a través de los medios de comunicación, una imagen que no nos gusta a todos. Hay asuntos que han evidenciado las disfunciones del sistema. Por supuesto, tenemos una Justicia que se puede mejorar pero me niego a admitir que todo esté tan mal.

En una ocasión usted dijo que "lo que llega al ciudadano no es el trabajo callado, serio, prudente y comprometido del juez no mediático". ¿Cree usted que jueces como Baltasar Garzón ayudan a que la gente crea en la figura del juez serio y discreto que habla a través de sus autos y sentencias?
El problema está en que muchas veces los jueces no eligen ser jueces mediáticos. Muchas veces el que tú te conviertas en un juez estrella viene determinado por las características o la entidad de los asuntos que desde tu juzgado asumes. Lógicamente si hablamos de la Audiencia Nacional, por el tipo de delitos que se investigan en este tribunal, tiene mucho más interés mediático. Pero hay que tener en cuenta que de los nueve millones de asuntos que al año entran en nuestros tribunales 18 son los que conforman la opinión pública y trasladan esa imagen. Eso coloca la imagen de la Justicia en una especie situación ficticia porque ésta no se puede centrar exclusivamente en esos 18 asuntos ya que hay 4000 jueces trabajando diariamente en los tribunales.

Desde que el CGPJ comenzó su andadura con usted como portavoz ha archivado al menos ocho quejas interpuestas contra Garzón... ¿es el juez intocable?
No tengo esa percepción de que sea intocable. Quizás el Consejo haya archivado ocho quejas pero le digo también que el juez Garzón es el magistrado más denunciado, de una forma fundada o infundada. Cuando el CGPJ lo ha archivado es porque tras el estudio exhaustivo de los hechos entiende que el hecho denunciado no constituye ningún tipo de infracción disciplinaria. Para el Consejo todos los jueces tienen la misma importancia, ya que no los distinguimos en mediáticos y no mediáticos. Todos realizan una función fundamental en nuestro estado de Derecho y nos preocupan todas las denuncias contra ellos de la misma forma.

Usted es fiscal. En los últimos meses el Ministerio Público ha sido una de las instituciones del Estado más criticadas por actuar con un doble rasero. ¿Qué le parece a usted como fiscal estas críticas?
No comparto esas afirmaciones, no solamente no las comparto, sino que creo que no benefician ni ayudan a la consolidación de nuestro Estado de Derecho poner en tela de juicio la credibilidad y honradez de nuestras instituciones. Perjudica mucho a la salud de nuestra democracia criticar de una forma tan poco argumentada al Ministerio Público. Creo que los fiscales, desde la objetividad y responsabilidad, trabajan aplicando la ley.

Pero fue la propia vicepresidenta María Teresa de la Vega la que anunció que la Fiscalía recurriría la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia el archivo del caso Gürtel en esta comunidad.
Es un tema muy puntual y que no afecta al fondo sino a las formas. Quizá es verdad que las formas también hay que cuidarlas porque las cosas son como son pero hay que demostrar que son así. Le puedo asegurar que la decisión de recurrir ese auto no la tomó ni el Gobierno ni la vicepresidenta. La decisión la tomó la Fiscalía. Fue una cuestión de tiempos porque el Fiscal General se encontraba de vacaciones. Pero sinceramente no me parece tan grave porque la decisión la toman los fiscales.

¿Qué opina sobre las filtraciones de sumario en el caso Gürtel?
Me parece que las filtraciones constituyen una perversión del propio derecho a la información que la Constitución garantiza a todo ciudadano. Hay que saber canalizar ese derecho ponderando todos los que hay en conflicto como pueden ser la presunción de inocencia, el derecho a la intimidad o la normal actuación judicial de un procedimiento. Los medios deben tratar de ejercer su función, muy necesaria en democracias, pero deben también saber ponderar cuales son los intereses y respetar los tiempos de la Justicia.

Episodios como el vivido recientemente con el pirata somalí Abdu Willy no ayudan a mejorar la Justicia española... ¿qué opina al respecto?
Creo que la base fundamental está en saber explicar al ciudadano la complejidad de las actuaciones judiciales y de las diligencias que muchas veces son necesarias, para en este caso, averiguar la edad. Muchas veces la dificultad está en esa falta de trabajo didáctico para explicar a la sociedad que dentro de un procedimiento judicial se exigen una serie de mecanismos que a veces son difícilmente compresibles.

Este martes saltó la noticia de que el CGPJ iba a aprobar hoy un acuerdo para defender la actuación de los jueces de la Audiencia Nacional en el caso Alakrana…
Así es, pero finalmente la Comisión Permanente ha optado por no adoptar ningún acuerdo y dejar a la Justicia que siga haciendo su camino. En numerosas ocasiones, el Consejo ha trasladado que los jueces actúan siempre conforme a la ley y que la Justicia no está obstaculizando en este momento la grave situación en la que se encuentran las 36 personas que están secuestradas. La Justicia en todo momento está trabajando intensamente para que se consiga dar respuesta punitiva para quienes han cometido un delito y que también para que las personas secuestradas puedan volver con sus familias.

¿Qué opinión le merece que el Tribunal Constitucional  lleve tres años sin resolver el recurso contra el Estatut mientras éste ya está vigente?
Antes que nada me gustaría resaltar que este recurso tiene muchísima complejidad, aunque entiendo que para cualquier ciudadano tres años puede parecer un periodo excesivo. Pero también quiero explicar que el Constitucional en ningún momento está haciendo dejación de sus funciones. Están trabajando diariamente pero la realidad es que se han impugnado muchísimos artículos y cada uno exige una ponencia y un debate. Entiendo que lo deseable sería que tuviéramos ya resuelto este tema. Confiemos en que tengamos la resolución lo antes posible.

La nueva ley del aborto provocó que por primera vez en su historia el CGPJ no fuese capaz de emitir un informe sobre un proyecto de ley ¿No cree que esta situación refleja la división que la ley está provocando en la sociedad?
Es verdad que no pudimos emitir ese informe ya que los dos trabajos que se realizaron no alcanzaron la mayoría de once votos pero le sigo insistiendo en que en el día a día nuestra propia sensibilidad claro que repercute en nuestras decisiones porque no somos personas en abstracto. Pero le aseguro que hemos intentado ser lo mas técnicos posibles y que hicimos un análisis de constitucionalidad.  Le puedo garantizar que en el Pleno del Consejo hubo un debate técnico-jurídico.

¿Está usted a favor de la nueva ley del aborto?
Voté el informe que sostuvo que el anteproyecto era constitucional porque viene a reforzar la situación de la mujer ante un momento tan delicado como es la decisión de la interrupción voluntaria del embarazo. Creo que es una ley que viene a proteger la salud sexual de las mujeres, que además tiene en cuenta muchos factores sociales para introducir el marco del sistema de plazo y que pondera los dos intereses en juego, el del nasciturus y el derecho de la mujer.