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Caamaño dice que no ha pasado "nada excepcional" en dos años de Estatut

El ministro de Justicia ha hablado claro sobre la clamorosa tardanza del TC en pronunciarse sobre el Estatuto catalán. Como Juanes, justifica el retraso y dice que espera "una buena interpretación de la Constitución". También defiende que no ha pasado "nada" en los años de silencio del tribunal.

EUROPA PRESS
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Francisco Caamaño. Archivo.

Francisco Caamaño jugó en su día un papel clave en la complicada negociación parlamentaria del Estatuto catalán y no duda este domingo en defender el texto en una entrevista para Europa Press en la que también habla de una España "federal". Tampoco ve problema alguno en que el Estatut lleve aplicándose más de dos años sin que se haya decidido sobre su constitucionalidad.

El ministro asegura sentir "inquietud" por el hecho de que el Tribunal Constitucional no haya dictado una sentencia sobre el Estatuto de Cataluña tres años después de que el PP presentara su recurso de inconstitucionalidad, pero a continuación lo minimiza porque, dice, "hay otras muchas leyes que están pendientes de resolución desde hace seis y siete años".

Caamaño señala que "la media" de tiempo que necesita el Pleno del TC para dictar sus sentencias "excede con mucho los tres años" –no apunta si son de esa trascendental importancia– y añade que la resolución sobre el Estatut será "la más compleja de su historia" porque, a su juicio, "va a marcar el futuro del Estado de las Autonomías y hacia dónde pueden o no evolucionar".

"¿Que a mí me gustaría que ya tuviésemos la sentencia del Estatut? Sin duda, pero soy consciente de la dificultad y de la complejidad de esa sentencia", señala el ministro tras expresar su confianza en que el TC haga "una buena interpretación de la Constitución, aunque luego, políticamente, la resolución guste más a unos o a otros".

España, Estado federal

Caamaño también se muestra convencido de que el modelo autonómico establecido en 1978 conlleva que en España "siempre se van a vivir tensiones, como en cualquier estado de tipo federal, entre el centro y la periferia".

"Habrá ciclos en los que por la situación económica, social o política, dentro de los márgenes de la Constitución, el Estado se hará más centralista y habrá momentos en los que sea más descentralizado. Esa es la forma de vivir democrática de nuestro sistema", sostiene.

Por eso, considera que "quien no esté de acuerdo" con la interpretación de la Carta Magna que realice el alto tribunal en su sentencia sobre el Estatut lleve a las Cortes Generales un proyecto para "cambiar" los artículos con los que no esté de acuerdo.

"No ha pasado nada excepcional"

Durante la entrevista, Caamaño también lamenta que el Estatut se haya visto sometido a "un debate excesivamente beligerante y casi traumático", en su opinión,  que derivó en la convocatoria de "una especie de referéndum exótico" por parte del PP.

De igual modo, destaca que esta norma "lleva aplicándose dos años y pico largos y no ha pasado nada excepcional". "Ni se ha roto la unidad de mercado, ni los catalanes tienen derechos distintos a los que tenemos el resto de los españoles. Es decir, se ha vivido y seguiremos viviendo con absoluta normalidad y es paradójico que un estatuto tan manifiestamente inconstitucional, según dicen, y que iba a acabar con toda la estructura de nuestro país ya esté aplicándose todos los días y no haya habido consecuencias tan dramáticas, como algunos nos han querido vender", llega a decir. Por poner un ejemplo, en contra de lo dicho por Caamaño, el silencio del TC sobre el Estatuto permitió que saliera adelante la Ley de Educación de Cataluña, que erradica la educación en castellano de las aulas.

Para Caamaño, sin embargo, lo destacable es que tras el de Cataluña se aprobaron otros estatutos "absolutamente iguales". "Todos tienen derechos, preceptos en materia de financiación, comisiones bilaterales Estado-comunidades autónomas y cláusulas y ampliaciones de competencias, y resulta que el único que es manifiestamente inconstitucional es el de Cataluña, cuando además tiene 60 artículos literalmente iguales al Estatuto de Andalucía", apunta.

El papel de Casas

Sobre la posibilidad de que fuera la presidenta del TC, María Emilia Casas, la que pudiera decantar con su voto de calidad la orientación de la sentencia en favor de la constitucionalidad del Estatut, Caamaño señala que no existe "un problema de mayorías de calidad ni de mayorías más amplias o menos amplias", ya que "cualquier tribunal ha de legitimarse por el peso de sus sentencias y por la capacidad de explicación y de convicción de sus decisiones". Caamaño subraya asimismo que "la política se mueve por criterios de oportunidad y el derecho por criterios de razonabilidad".

Preguntado por la renovación de magistrados que el TC debería abordar después de que se dicte la sentencia, asegura que los senadores socialistas están "abiertos" a la negociación de nuevos candidatos y señala que, si esta medida todavía no se ha llevado a la práctica, es porque los dirigentes del PP "sólo han presentado dos candidatos", en referencia implícita al ex presidente del Supremo Francisco Hernando y al ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Enrique López.

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