El Gobierno socialista prepara ya un nuevo texto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Así lo ha anunciado este martes el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en un desayuno informativo donde además ha informado de que la idea es presentar un primer borrador antes de que finalice 2010.
La idea es crearun modelo distinto de Enjuiciamiento criminal donde la instrucción recaiga en el fiscal y donde el juez –en palabras de Caamaño – se convierta en "un verdadero garante de los derechos de lo ciudadanos". Hasta ahora, en nuestro régimen jurídico la fase de instrucción está dirigida por un magistrado instructor y no por el Ministerio Público.
Además, el titular de Justicia ha asegurado que esa reforma legislativa contemplará otra medidas como la regulación de la acusación popular. En este sentido, Caamaño ha anunciado que se abrirá "una reflexión" para dotar de nuevo sentido a esta figura jurídica "respetando el mandato que da la Constitución".
Durante su intervención, el ministro ha explicado que es "muy difícil" de explicar a los ciudadanos y sobre todo fuera de nuestro país "que en España el interés general no lo defiende sólo el Ministerio Público, sino que puede haber algunas asociaciones que sin ser víctimas del delito pueden personarse en un proceso penal y mantener la acusación". Esta figura, ha recalcado Caamaño, "resulta ciertamente sorprendente" ya que "no existe en derecho comparado".
Asimismo, el dirigente socialista ha subrayado que nuestro actual sistema de acusación popular ha sido interpretado de forma distinta por el Tribunal Supremo, refiriéndose a las doctrinas conocidas como "Botín" y "Atutxa" sostenidas por el Alto Tribunal.
Gracias a la jurisprudencia actual, con la mera acción de la acusación popular se han celebrado juicios como la vista contra el lehendakari Patxi López y su predecesor en el cargo Juan José Ibarretxe por los diálogos con Batasuna o contra los directivos del diario vasco Egunkaria. Otro ejemplo de caso donde la acción popular ha ejercido únicamente de acusación es la causa abierta al juez Baltasar Garzón por un delito de prevaricación al abrir investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo.
El objetivo del Gobierno es que el primer borrador de anteproyecto de Ley se presente en el Consejo de Ministros antes de que finalice 2010. Si éste lo aprueba en primera lectura se llevará a los diferentes órganos consultivos del Estado para que se pronuncien y posteriormente se enviará a las Cortes Generales.