LD (Pablo Montesinos) Las negociaciones para consensuar el Estatuto de Castilla-La Mancha pasan por un momento especialmente complicado. Así lo dicen socialistas, y también importantes sectores del Partido Popular. Tres meses después de su toma en consideración en el Congreso de los Diputados, el texto espera en la Comisión Constitucional de la Cámara, mientras los dos partidos mayoritarios departen sobre su articulado, con claros signos inconstitucionales. La Mesa del Parlamento acordó ampliar hasta el tres de febrero el plazo de presentación de enmiendas.
Sin embargo, esas negociaciones han entrado en "estado crítico". El PSOE de Castilla- La Mancha, el Grupo Socialista y el Ejecuto de José Luis Rodríguez Zapatero insisten en poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura: 2015. Eso sí, rebajan sus pretensiones y permitirían que formara parte del preámbulo y no del articulado.
María Dolores de Cospedal es consciente de que sus compañeros en Valencia y Murcia se oponen "frontalmente" a esta posibilidad. Sin embargo, mantiene las negociaciones y dice que "no existe una única propuesta". Fuentes de su entorno consultadas por Libertad Digital explican que trabajan para que el texto sea "plenamente constitucional" y cuente "con el apoyo mayoritario del resto de Comunidades Autónomas". Reconocen que las negociaciones "no son fáciles" y por ello critican las "intoxicaciones" del Partido Socialista.
Murcia y Valencia presionan a Cospedal
Sin embargo, el presidente de la Región de Murcia, Juan Ramón Valcarcel, no ha dudado en parar los pies a la secretaria general de los populares. Ve bien que negocie "todo lo que quiera", pero matiza: "no aceptaremos la caducidad del trasvase ni en el preámbulo, ni en el articulado ni en ningún otro sitio". El jefe del Ejecutivo valenciano, Francisco Camps, comparte al cien por cien las amenazas de su colega.
Así las cosas, fuentes del PP de Murcia consultadas por este periódico "no entienden" la esencia de las negociaciones, ya que Cospedal tendría que decir "claramente" que el trasvase nunca quedará derogado. Advierten que en caso contrario los diputados de la región en el Congreso de los Diputados votarán en contra del estatuto. "Estamos diciendo lo mismo que hemos dicho siempre, en caso contrario traicionaríamos a nuestros votantes y el PP rompería con su discurso solidario", argumentan.
Un diputado popular, en declaraciones a LD, insiste en este extremo. Cree que la postura de Valcárcel y Camps es "lo suficientemente clara" y recuerda a Cospedal que "tiene la obligación de atenerse al programa electoral del PP". "Yo no sé lo que esta señora querrá o no querrá en Castilla-La Mancha pero tiene la obligación de cumplir nuestro programa, el principio de solidaridad y las ponencias en materia de agua aprobadas en el Congreso de Valencia", exclama.
La negociación, asegura, "nos parece un fuego de artificio" ya que está en juego "el agua que beben los ciudadanos de Murcia y Valencia". "Es un absurdo, una incongruencia, no son competencias de las Comunidades Autónomas", concluye.
La intoxicación del PSOE
En Toledo, mientras tanto, el PP intenta salvar las negociaciones. Cuentan con el respaldo de la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, y niegan que las conversaciones hayan entrado "en vía muerta". Consideran "escandaloso" el intento de "intoxicación y manipulación efectuado por el PSOE" filtrando lo que denominan "un gran mentira". "Hay varias propuestas que continúan negociándose", agregan.
Creen, además, que el presidente regional, José María Barreda, no logra llegar a un acuerdo con el PSOE valenciano y murciano, que también se opondrían a esa fecha de caducidad del trasvase.