De víctima a verdugo, y viceversa. Ésta puede ser la historia del inspector de Policía que investigó el chivatazo que se dio a ETA el 4 de mayo de 2006, conocido como Carlos G., Germán de apellido para los iniciados.
Su papel es crucial en este caso ya que fue el agente al que se le encargó la operación para detener a la red de extorsión etarra que iba a desarrollarse entonces de forma conjunta por la Justicia española y francesa en torno al bar Faisán de Irún. También es el hombre que se ha encargado de investigar a los propios investigadores del soplo, es decir, a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía que participaron en este dispositivo. Hasta ahora, su figura había estado siempre en el punto de todas las miradas pero desde este martes aún más.
El motivo es que su superior jerárquico José Cabanillas, quien estaba al frente de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) en mayo de 2006, declaró ayer por primera vez en el juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, que ahora dirige el juez Pablo Ruz. El jefe policial acusó a Carlos Germán de intentar borrar la grabación donde el dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa, le reconocía a su cuñado que había recibido un soplo de la Policía.
Previamente, Cabanillas, un comisario policial próximo al PSOE, ya había aportado un informe a la causa donde señalaba que Germán "fue reticente en diversos momentos a la realización" de las detenciones "argumentando que era una operación que conllevaba riesgos políticos, dado el momento de tregua de ETA, así como la presunta implicación de un miembro destacado del PNV, Gorka Aguirre".
Según José Cabanillas, el responsable del equipo de investigación del soplo habría puesto trabas a las detenciones a los cobradores de ETA y tratado de destruir la citada prueba ante el miedo de que tanto él como sus hombres "fueran crucificados" por estropear la tregua trampa que los terroristas firmaron con Zapatero.
Sin embargo, Carlos Germán no se encuentra a día de hoy imputado en la causa y, en contraposición, ha defendido siempre su inocencia. En un documento firmado ante notario en octubre de 2009, el inspector del soplo señaló no ser el responsable del escándalo. Entonces, Germán argumentó que "a la hora en que se produjo la delación yo me hallaba precisamente junto a dos inspectores de mi sección, sentado frente a usted (en referencia al juez Fernando Grande Marlaska, primer magistrado que investigó los hechos) en su despacho del juzgado repasando las últimas novedades operativas de la tarde anterior".
Según consta en el sumario, Carlos Germán fue el agente policial que denunció el soplo y también el único quem, con sus aportaciones, ha puesto en apuros al Ministerio del Interior que capitanea Alfredo Pérez Rubalcaba. En sus informes se reflejan el tráfico de llamadas que los imputados en la causa mantuvieron con la subsecretaría de Interior en los momentos previos y posteriores a que se produjera el aviso a ETA y que ha salpicado directamente al número dos del Ministerio, Antonio Camacho. Por este motivo, fuentes cercanas al caso señalan que la figura de Germán es un cabeza de turco.
Actualmente, en la causa están imputados el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y un inspector de la Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros. El ex director general de Policía y dirigente del PSE en Álava Víctor García Hidalgo, fue también imputado durante la instrucción, pero finalmente, tras un recurso de la Fiscalía, el juez Pablo Ruz decidió no procesarle.
Más allá de conocer quién fue el miembro de la Policía que dio las órdenes para frustrar la operación contra los extorsionadores de ETA, lo cierto es que tanto Cabanillas como Germán han medrado desde entonces en el escalafón policial.
Cabanillas, que era comisario jefe de la Unidad Central de Inteligencia de la Policía, es ahora responsable del Instituto de Estudios del Cuerpo. Su nombre ya era conocido ya que fue el responsable de orientar el contenido de la mayoría de los informes del 11-M que apuntaban a Bin Laden y al terrorismo islámico internacional como autores de la masacre de Madrid.
Además, José Cabanillas era la persona de confianza del ex comisario general de Información Telesforo Rubio, que fue apartado por el juez Grande Marlaska de la investigación del caso Faisán por comunicarle el chivatazo con tres días de retraso.
Sobre Carlos Germán, Rubalcaba ha dicho que se trata de una persona "digna y honorable", que fue condecorada por el Gobierno para aclarar el robo de 100 kilos de cocaína de una comisaría de Sevilla. Paradójicamente, el ministro del Interior le concedió la medalla con distintivo rojo a Carlos Germán –que supuso un aumento del sueldo en un 15%– en 2006, es decir dos años antes de que se conociera el robo de la droga en la ciudad hispalense.