LD (Ángela Martialay) Como si no hubiera pasado nada desde que los recursos contra el Estatuto de Cataluña –del PP y del Defensor del Pueblo– llegaron al TC, su presidenta, María Emilia Casas, ha eludido cualquier pregunta sobre posibles fechas de resolución. Sólo dice que no hay presiones políticas ni mediáticas y que los magistrados –los 10 que quedan con ella– trabajan con normalidad y constancia. Sin embargo, hasta llegar a esa cifra de 10 magistrados, se sucedieron recusaciones. Unas a cuenta del propio Estatuto catalán y otras por la renovación del Tribunal.

En estos años la Generalidad ha comenzado a aplicar todos los artículos del Estatuto, recurridos o no. Con el silencio cómplice del Constitucional, los preceptos del Estatuto se aplican en cuestiones como la financiación autonómica que afectan a todos los españoles. De esta forma, la Generalidad lleva a cabo una política de hechos consumados que hace muy difícil una reparación en caso de que algún día los artículos recurridos fuesen declarados inconstitucionales.

La recusación de Pablo Pérez Tremps –magistrado afín al PSOE– dejaba a los llamados progresistas en minoría lo que motivó el contraataque de la Generalidad que recusó a los magistrados conservadores Emilio Rodríguez Zapata y Roberto García Calvo. Sólo tuvo éxito con el primero, por lo que los esfuerzos del Gobierno se centraron en renovar el mandato de María Emilia Casas –su sumisión al Gobierno quedó clara en la bronca que le dedicó en público la vicepresidenta De la Vega– para lo que hizo una ley ad hoc que prorrogaba el mandato de Casas, en medio de nuevas peleas y recusaciones. La muerte de García Calvo en mayo de 2008 dejó al Tribunal con sólo diez miembros y en una situación de bloqueo, al producirse un empate a cinco entre progresistas y conservadores. Mientras PSOE y PP, obsesionados por el control político de la Justicia, son incapaces de proceder a la renovación del Tribunal.

Ante este panorama, en la presentación de la Memoria de 2008 del Tribunal Constitucional, su presidenta, María Emilia Casas, ha eludido en varias ocasiones dar la fecha en la que se conocerá la sentencia del Estatuto de Cataluña. Sin embargo, la magistrada ha reconocido que su tramitación ha provocado que este año el guardián máximo de la carta magna dicte menos sentencias que en años anteriores (187 en 2008 frente a las 265 de 2007).

Actualmente, el tribunal debe resolver siete impugnaciones contra la ley catalana. Son 182 los preceptos impugnados por el PP y 113 los del recurso del Defensor del Pueblo.

 

Casas, consciente de la expectación despertada en torno a la sentencia del Estatuto, ha evitado pronunciarse sobre el estado de las deliberaciones y ha reiterado que “estará lo antes posible”. Frente a las constantes informaciones que apuntan a que la esperada sentencia se dictará este verano, la presidenta del Constitucional ni confirma ni desmiente.

Eso sí, la magistrada ha explicado que si hubiese que habilitar el mes de agosto para trabajar en la sentencia se haría, ya que “no sería la primera vez” - ocurrió el año pasado con el Plan Ibarretxe- teniendo en cuenta que este tribunal trabaja “ininterrumpidamente” e "intensamente".

"No hay presión"

Asimismo, la presidenta del TC ha recalcado que los diez magistrados que actualmente trabajan en la resolución de los recursos contra el Estatuto (son diez y no doce ya que Pablo Pérez Tremps está recusado y Roberto García Calvo falleció el pasado mes de mayo) no se sienten “presionados” ni por las declaraciones de los políticos ni por las informaciones publicadas por los medios de comunicación. “No hay presión en nada”, ha explicado a la par que ha subrayado que “la agenda de este tribunal no es la agenda política ni de la política”. Inevitablemente, esta rotunda afirmación trae a la memoria la sonora bronca que le echó la vicepresidenta del Gobierno durante el desfile militar del 12 de octubre de 2007 y que fue captada en exclusiva por las cámaras de LDTV.

No obstante, Casas ha declarado que, en ocasiones, la lectura de determinadas informaciones sobre este asunto producen al Tribunal "tristeza y sorpresa porque no se corresponden con lo que en realidad sucede y también perplejidad"·

Por otro lado, y respecto al bloqueo que padece este tribunal desde hace año y medio, Casas ha lamentado que ésta no se haya producido hasta el momento. Tanto PSOE como PP han desechado la renovación de dicho órgano ante la falta de acuerdo sobre quienes serán sus próximos miembros.  En estos momentos el Senado tiene pendiente la renovación de cuatro magistrados del alto tribunal, que son su presidenta, el vicepresidente Guillermo Jiménez y los magistrados Vicente Conde y Jorque Rodríguez Zapata, mientras que el Congreso debe designar al sustituto del fallecido Roberto García-Calvo.Todo apunta a que dicha renovación no se producirá hasta que la sentencia del Estatuto vea la luz.
 
Lo que sí subrayó Casas es que son diez los magistrados que deliberan sobre este asunto y que lo hacen de forma continua, salvo la inasistencia provisional de alguno de ellos por temas médicos. La deliberación es continuada desde que el pasado 17 diciembre se dictó el auto por el que dieron por concluidas todas las incidencias de tipo procesal que provocaron las recusaciones de magistrados.