Según ha podido saber LD, los contactos con los magistrados han sido constantes durante este fin de semana con el objetivo de intentar sacar adelante el fallo cuanto antes. Por otra parte, ha trascendido que María Emilia Casas ha modificado su borrador de cara a facilitar un acuerdo, aunque se desconoce qué punto clave del texto ha sido retocado. El objetivo sería acelerar el fallo que podría llegar en las próximas horas.
Además, durante el Pleno celebrado esta mañana que ha durado 20 minutos con un único punto en el orden del día, "la votación y fallo" de la resolución, la presidenta habría podido realizar un tanteo para conocer el apoyo que podrían prestar a su propuesta los diez magistrados que deliberan sobre este asunto. De momento, no se ha votado su texto aunque esto podría empezar a hacerse esta tarde.
El borrador de Casas, el más favorable al Estatuto catalán, prevé la declaración de inconstitucionalidad de 14 de los preceptos y el sometimiento a interpretación conforme de otros 24. Según fuentes del TC, la propuesta inicial de la presidenta habría sido reformada en algunos detalles durante el fin de semana, a resultas de las negociaciones que Casas ha mantenido con algunos de sus compañeros durante todo el fin de semana para lograr concitar el mayor consenso posible en torno a su borrador.
Objetivo: conquistar a Manuel Aragón
El objetivo de Casas sería conseguir el apoyo del magistrado Manuel Aragón, adscrito al sector progresista, pero cuyas exigencias sobre lo que la sentencia debe decir del término nación y de los símbolos nacionales frustraron los últimos intentos de sacar adelante la resolución.
Si el nuevo texto satisface a Aragón, el Constitucional podría aprobar la sentencia con el voto de calidad de Casas y el respaldo del resto del sector "progresista", formado por Elisa Pérez Vera, Eugeni Gay y Pascual Sala. Si lograra, además, el apoyo del vicepresidente Guillermo Jiménez no se vería forzada a utilizar dicho voto de calidad.
De no obtenerse el apoyo necesario, Casas podría optar por el plan B: no someter su texto a votación y abocar a los magistrados a un complejo sistema de votación por bloques. Este sistema de votación incluiría cuatro grandes apartados: un bloque de normas de constitucionalidad; otro de normas que se declararían inconstitucionales; un tercero sobre interpretaciones de conformidad; y el último se reservaría para el Preámbulo.
Votación por bloques
Este sistema, previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), permitiría superar una más que probable situación de empate técnico, ya que lo esperado es que muchos de los preceptos sean apoyados por cuatro de los magistrados "progresistas" y rechazados por tres de los integrantes del denominado "bloque conservador", mientras que el resto de miembros del tribunal podría optar por realizar una interpretación de la norma para salvar su constitucionalidad (4-3-3).
Así, y para superar este resultado de 4-3-3, que es el que durante los últimos meses ha imposibilitado una sentencia por mayoría, los artículos se someterán a una segunda vuelta entre las dos opciones minoritarias (por ejemplo, que el precepto en cuestión se declare inconstitucional o que se opte por una interpretación de la norma). Esto se debe a que los dos bloques minoritarios de tres magistrados aúnan juntos más fuerzas que el mayoritario formado por cuatro magistrados.
La opción ganadora que resulte en la segunda vuelta se enfrentará entonces a la opción mayoritaria, y si aún así no se supera el empate Casas podría utilizar su voto de calidad. Si esta separación no funciona, se optaría por votar artículo por artículo.
Según fuentes del órgano constitucional, el borrador de Casas asume con algunas modificaciones las mismas tesis que la que elaboró en su día la magistrada del "sector progresista" Elisa Pérez Vera respecto a los aspectos más polémicos de la norma, tales como la inclusión del término "nación" en el Preámbulo o los preceptos referidos al uso de la lengua catalana y la bilateralidad de las relaciones entre la comunidad autónoma y el Estado. Por este motivo, una vez más la clave está en el magistrado Manuel Aragón y en el término nación.
De haber acuerdo en las próximas horas, se adelantaría el fallo pero en ningún caso se conocería la sentencia, ya que la redacción de ésta llevaría a la presidenta varios días.