Según Instituciones Penitenciarias, la actitud de los 19 terroristas ha facilitado el acercamiento a Nanclares, la cárcel "donde no hay etarras" de Rubalcaba, la obtención de permisos y en dos casos la aplicación de prisión atenuada que permite salir diariamente de la prisión para estudiar FP.
Según El Mundo, este recinto es compartido con otros tres etarras en circunstancias distintas, dado que uno se encuentra en tercer grado desde 1999, otro en prisión preventiva y un tercero que ingresó directamente en dichas instalaciones.
Paradógicamente Zapatero se defiende, diciendo que de lo que se trata es de generar división en el colectivo de presos y por tanto debilitar a la banda. Aunque tal y como sugiere El Mundo, nadie ha explicado realmente el alcance de esta medida.
Según explica el diario, los escritos solicitan perdón de forma muy distinta. A mediados de mayo, ocho presos d ela banda escribieron una carta desde una prisión de Zuera en representación de otros 40, según dijeron. Carmen Guisasola, Kepa Pikabea, Urrusolo Sistiaga, Caride Simón, Andoni Alza, Koldo Carrasco, Jusu García Corporales y Fernando Luis de Astarloa aseguraban estar fuera de la organización y reconocían los daños causados a las víctimas.
Según fuentes consultadas por El Mundo, los presos acercados a Nanclares no se han limitado a suscribir esa carta genérica, sino que han pedido perdón redactando un testamento, o algún tipo de sucinta nota. Según fuentes penitenciarias, la decisión de acercarlos se justifica en parte debido a esas cartas de arrepentimiento individuales.
Además estarían abonando a la AN un porcentaje de las cantidades que consiguen recabar con su trabajo en la prisión. Pero no ha trascendido más información de ello. Los etarras siempre han tenido medios para que el impago de indemnizaciones a las víctimas nunca se interpusiera en su reducción de penas al tercer grado. O bien se declaraban insolventes o bien falsificaban sueldos, por ejemplo.
Medidas que sin embargo no dejan de abundar en la sospecha cada vez más evidente de que el Gobierno sigue complicado en una negociación con la banda terrorista. Jaime Mayor Oreja hablaba hace meses de un "segundo tiempo" de la negociación con la banda terrorista. Además, en el mismo diario El Mundo, la víctima del terrorismo Ana Velasco Vidal-Abarca, recuerda que pedir perdón no exime de la culpa a quienes han segado tantas vidas.
El PP compensó durante su gobierno en 1998 a las víctimas con una ley en la que el Estado se hacía cargo del dinero compensatorio. Según la ley, si cualquier terrorista que quiera mostrar arrepentimiento y acceder a cualquier beneficio debería resarcir al Estado, y si éste no hubiese completado el pago total a la víctima, también a esta.
Según las fuentes de El Mundo, no se sabe si los 19 terroristas están pagando, si han aceptado ser propietarios, si sus ingresos superan el salario mínimo o hasta qué punto llega su compromiso, pero han asegurado que en la Audiencia están las pruebas.
Todo ello pese a, según recuerda el diario, el abultado historial delictivo de este grupo de etarras, cuyo número además se desconoce. El Ministerio dirigido por Rubalcaba aplicó el mismo artículo 100.2 del Reglamento para que al menos dos de ellos saliesen todos los días a estudiar. Es el mismo al que recurrió para sacar a la calle a De Juana Chaos. Esto desmonta muchas de las justificaciones de los partidarios al acercamiento, ya que la estrategia además incluye salidas de prisión.
La controversia aumentó cuando trascendió que el citado artículo iba a beneficiar a otros nueve trasladados como Pikabea, Txelis, Iñaki Recarte, Jorge Uruñuela, Luis Lizarralde o Andoni Alza. Fuentes de Prisiones dijeron a El Mundo sí se ha considerado la opción de aplicarlo a terroristas que hubieran cumplido gran parte de la condena, aún con historiales complicados.
Tal y como explica Ángeles Escrivá, responsables de Prisiones han explicado en privado que la mayor parte de los afectados estaban a punto de cumplir condena, y califican el coste de "relativo". Pero lo cierto es que las cifras extraoficiales muestran, según el diario, que a algunos reclusos les quedaban años de régimen cerrado. Es el caso de Fernando Luis Astarloa, detenido en 1987 y condenado según el antiguo Código Penal a 100 años por dos asesinatos, que se convirtieron en 30 y de los que lleva cumplidos 23. Suficientes para la aplicación de la doctrina Parot.