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Hasta 30 puestos de trabajo en Estepona "regalados" a cambio de afiliarse al PSOE

El caso "Astapa" de Estepona sigue revelando datos sobre las contrataciones a dedo del PSOE. De hecho, hasta 30 afiliaciones al partido pudieron ser canjeadas por un puesto de trabajo en el Consistorio. El objetivo era controlar la asamblea local de los socialistas.

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Ayuntamiento de Estepona (Archivo)

El "caso Astapa" desvela contrataciones "a dedo" para controlar el PSOE local por parte del ex alcalde socialista, Antonio Barrientos y sus secuaces. En el sumario, cuyo secreto hace unos días que se levantó, aparecen contrataciones efectuadas con el fin de controlar la asamblea local de los socialitas que, como debe saberse, es la que elige al secretario general de la localidad y, naturalmente, influye en la designación de la candidatura a la alcaldía.

Las investigaciones de la Policía recogen una conversación telefónica mantenida entre el entonces jefe del Gabinete de Alcaldía, José Flores, y su primo Juan Simón, ambos imputados en la causa por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo, aunque a Flores se le añade también el de malversación. En esta conversación, hablan de la necesidad de contratar a dedo a varias decenas de personas para controlar la asamblea. Es la apoteosis del "dedismo socialista".

Cuenta Efe que la transcripción de la conversación, mantenida el 29 de noviembre cerca de la medianoche, recoge cómo Flores le cuenta a su primo que "con unas copillas" le dijo al ex alcalde Antonio Barrientos que le dejara actuar a él, que había diez o doce para contratar y que "se meten un par de ellos por mes" con el fin de tener la mayoría en la asamblea. Añadió que le había comentado a Francisco Alberto González, miembro del Gabinete de Alcaldía e imputado en la causa por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental, que le "eche una mano", que él también tiene un compromiso.

La conversación continúa con Flores contándole a Simón que quiere meter a la hija de otro militante "de administrativa en el Parque de Bomberos, para que pasara desapercibido", aunque Barrientos "no quiere mucho", y añadió que le dijo al alcalde "que no se complique la vida, que la meta y punto".

Su primo le preguntó que cuando se celebrase la asamblea hacia dónde se inclinarán y Flores le respondió que "está con nosotros", que "se ha dado cuenta de que David no le ha hecho ni puto caso" y de que "me vende que no hay problema pero ni se mueve", en referencia al actual alcalde, David Valadez (PSOE).

Si se contratan a otros más, asegura, "ya tienes a casi todo el mundo ubicado", y sólo "nos quedan un par de jardineros del partido y poquito más", y después, añadió, "está lo de la hija de nuestro primo", aunque aquí desvelan que Barrientos no estaba por la labor

Continuaba, en relación al refuerzo para la campaña de Playas, que las personas contratadas aquí fueron treinta o cuarenta, "con lo que con eso tenemos controlada la asamblea", y la conversación concluía con que confiaba en que "después que vayan a las asambleas, por lo menos a las gordas". Desvelaban contratos a dedo para controlar el PSOE de Estepona

Añadió que le había dicho a Francisco Alberto González, miembro del Gabinete de Alcaldía e imputado en la causa por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental, que le "eche una mano", que él también tiene un compromiso con un amigo cercano.

El ex concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Estepona también contrató a dedo a su hija. La joven, de 28 años, cobraba 2.450 euros brutos mensuales. La oposición lo consideró "inmoral"

El caso de los trabajadores de la limpieza y el poder en el PSOE

En el transcurso de las operaciones e investigaciones del caso Astapa, la Policía encontró documentos en su despacho oficial que hicieron pensar a la juez Isabel Conejo, instructora del caso de corrupción, que al menos 30 afiliaciones al PSOE de Estepona pudieron haber sido canjeadas por contratos oficiales de trabajo en el Ayuntamiento de Estepona.

Al parecer, la fecha de las altas en el partido coincide en su mayoría con el día de la firma del contrato de trabajo en el consistorio esteponero. Aunque el PSOE siempre trató de hacer aparecer a Jesús Gil y su partido como el único responsable de las irregularidades de este tipo en la Costa del Sol, la evidencia indica que las mismas prácticas han sido desarrolladas por el PSOE y mucho antes de la llegada de Gil a Marbella.

Sin embargo, la dirección provincial del PSOE en Málaga no sabe y no contesta tras conocer que uno de los flecos de la investigación del caso Astapa por corrupción en el Ayuntamiento de Estepona versa sobre las afiliaciones en el partido de personas contratadas por el consistorio.

Según se supo, hubo 35 personas fichadas para la campaña veraniega de limpieza de las playas. Varios trabajadores de este contingente se afiliaron al Partido Socialista el mismo día en que firmaron sus contratos. Según contó El País, el Tribunal de Cuentas ya advirtió sobre estas situaciones en el informe que examinaba el periodo entre 1995 y 1999 -bajo el gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL)- aunque sus resultados no se conocieron hasta 2003.

Igual que ocurrió en Marbella, el GIL de Estepona creó un entramado de sociedades municipales que facilitó la opacidad en la gestión económica y las contrataciones indiscriminadas En los últimos ocho años se pasó de 778 trabajadores a 1.361, mientras que la deuda que el Consistorio arrastraba con la Seguridad Social por el impago de las cotizaciones ha subido de 18 millones en 1999 a 46 millones.

Las afiliaciones, como es natural, se convierten en votos en el seno de la agrupación socialista. Quien dispone de ellos puede ganar las elecciones internas a la jefatura del partido, como, al parecer, hizo Barrientos. Este fraude político interno y su correspondiente delito municipal son uno de los muchos "flecos" de la investigación, que se centró en los convenios urbanísticos de los últimos cinco años. También se estudiaron facturas de empresas concesionarias y gastos sin control.

La juez pidió al PSOE la relación de afiliados en Estepona desde el año 2003 hasta 2008. La dirección del PSOE negó que esto fuese sea así, y el secretario provincial en Málaga, Miguel Ángel Heredia, dijo este lunes que la primera noticia al respecto la conoció por el diario de Prisa.

También el presidente de la gestora de Estepona, Juan Paniagua, dijo no saber nada de si la policía o la juez habían solicitado la relación de afiliados. Fuentes de la dirección socialista explicaron que entonces se realizó un cotejo de la evolución de la afiliación, sin que se percibieran incrementos llamativos en fechas determinadas.

Las mismas fuentes precisaron que había militantes que trabajan en el Ayuntamiento de Estepona, pero que eso es "normal" y ocurre en muchas otras ciudades pero no se hizo ningún tipo de investigación interna sobre la antigüedad de militancia y de empleo en el consistorio.

El actual alcalde socialista, acusado de contrataciones a dedo

El concejal del Partido Estepona (PES) Manuel Reina también acusó al hoy al alcalde, David Valadez (PSOE) y principal denunciante de la corrupción en Estepona, de haber efectuado al menos quince contrataciones "a dedo" a través de las empresas municipales durante el mandato 2003-2007, cuando era concejal de Personal.

Reina ha manifestado que tiene en su poder "cinco escritos" en los que se ordena la contratación de personas concretas "con nombres, apellidos e incluso números de teléfono", sin respetarse por tanto los principios de igualdad, mérito y capacidad.

El edil del PES ha anunciado que pondrá esta información a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad, que instruye el "caso Astapa" contra la presunta trama de corrupción municipal, ya que "al parecer se están investigando las contrataciones irregulares".

Ha insistido en que Valadez fue contratado "a dedo" en 2001 como auxiliar administrativo, si bien posteriormente pasó a desempeñar las funciones de adjunto a dirección con un sueldo de más de 1.800 euros, y cuando fue despedido, recibió una indemnización de 12.000 euros.

Por su parte, el alcalde, David Valadez, ha calificado de "lamentables" las declaraciones de Reina, de quién ha dicho: "sólo trata de desprestigiar" su imagen "sembrando dudas injustificadas" y ha añadido: "Nunca hice contrataciones en las empresas porque yo no era consejero delegado, sino Reina".

Además, ha indicado que "por no compartir su gestión" dimitió de los consejos de administración, lo que supuso que dejara de ser portavoz del grupo municipal socialista. Valadez ha asegurado alegrarse al oír "cómo Reina amenaza" con poner a disposición de la fiscalía y del juzgado toda la documentación que pueda inculparle "en cualquier tipo de delito", si bien ha lamentado que la actitud de denunciar "no la haya tenido antes ya que, con toda seguridad, debería haber empezado denunciándose a sí mismo". Asimismo, ha recordado que Reina está en libertad bajo fianza de 150.000 euros por su implicación en el "caso Astapa".

Motes y contrataciones de empresa a dedo

En buena parte del sumario hay alusiones al "Pollo", término que se usa para identificar a Antonio Barrientos; al "Loro", en alusión a José Flores, quien en alguno de los diálogos se define así mismo también como el señor de los hilillos; el "Sapo", que es Francisco Zamorano, y al que en un momento determinado se le llama sapo venenoso; "Colombo", como se llama a Antonio García, el "Lechuga" o el "Palmero"...

El Ayuntamiento de Estepona debía cuando estalló el caso Astapa 16 millones por contratos a dedo y un agujero económico de 96 millones obligó a prorrogar los presupuestos.

Este dinero se había esfumado en contratos de publicidad, encargos de imprenta, comidas institucionales... En los cajones del Ayuntamiento de Estepona manaron facturas no contabilizadas en los presupuestos, Se trataba de servicios y contratos adjudicados de forma directa, sin procedimientos públicos ni concursos, para los que nunca hubo una provisión de fondos.

En 2007, el Ayuntamiento regido por el socialista Barrientos tramitó 144 de estos expedientes por contrataciones irregulares. Los recibos suman más de medio millón de euros.

Este gasto sin control, característico del gobierno del ex alcalde Antonio Barrientos ha acarreado más de una reprimenda del interventor municipal En la liquidación del presupuesto de 2007 el técnico recordó que el reconocimiento de estas facturas no previstas era una "fórmula excepcional" y advirtió de que no podía convertirse en "práctica habitual".

"La corporación debe adoptar las medidas precisas para terminar con dicha práctica y asegurar que no se producen gastos sin la previa acreditación", dijo entonces el interventor Miguel Ángel Gutiérrez Vela.

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