En un escrito remitido al Colegio de Abogados y cargado de reproches y duras acusaciones, la junta directiva de la AVT, hasta hace pocas fechas dirigida por García Casquero y actualmente por Ángeles Pedraza, critica la actuación profesional de quienes durante más de 20 años han defendido los intereses de numerosas víctimas del terrorismo.
Atrás ha quedado ya la "rebelión cívica" de la pasada legislatura y comandada por una AVT presidida por Francisco José Alcaraz. Los dos temas que más aparecen en esta denuncia son el chivatazo a ETA y sumarios relacionados con el 11-M, dos asuntos que no parecen ser la prioridad de la actual directiva.
Para acusar a los letrados de faltar a su deber de confidencialidad, la denuncia habla de filtraciones de estos letrados a los medios sobre el caso Faisán y sobre los atentados de Atocha, de negligencia en sus actuaciones, de boicots a actividades de la asociación o de injerencias internas, entre otros. En otro punto, sin embargo, García Casquero y el resto de miembros firmantes intentan argumentar que su verdadera prioridad era llegar hasta el fondo en estos casos, intentando contrarrestar lo publicado por numerosos medios de comunicación.
En la denuncia presentada al Colegio de Abogados, en la que se pide que se depuren responsabilidades, se acusa a los dos letrados de "vulneraciones deliberadas y persistentes del deber de guardar secreto profesional y confidencialidad". Cita principalmente informaciones facilitadas a periodistas de El Mundo. Así, se llega a asegurar que estas noticias publicadas gracias a los datos supuestamente facilitados por los abogados "interfieren en el propio funcionamiento de la Justicia".
Otro punto se centra en las declaraciones críticas realizadas contra la actual junta directiva. Este aspecto trata principalmente sobre las acusaciones que se han vertido relativas a la falta de decisión a la hora de investigar casos escabrosos como el chivatazo a ETA, y también sobre el grado de control que la dirección de la AVT tenía sobre los abogados a la hora de trabajar en esos casos.
Aquí se defiende García Casquero, uno de los firmantes, que critica "los ataques de los medios de comunicación (...) en base a las declaraciones" del abogado Rodríguez Segura. Para ello, utiliza las palabras del abogado en el programa Debates en Libertad, de Libertad Digital Televisión, donde el letrado informaba (a la hora y cuarto de programa) de cómo existía un firme control por parte de Casquero sobre la actuación de la AVT en el caso del chivatazo y cómo el propio ex presidente de la AVT apartó personalmente a Manuela Rubio de la investigación.
La denuncia también acusa a los abogados de actuar al margen y a espaldas de la junta directiva. Y para ello pone de ejemplo a Federico Jiménez Losantos y el vídeo de la revista El Jueves en la que se mofaba del atentado que sufrió el periodista a manos de Terra Lliure. Acusan directamente a la abogada de "injerencias de intereses propios del bufete en su ejercicio profesional". Losantos informó en antena que de que hablaría "con la AVT, asociación a la que pertenezco, e iremos como víctimas del terrorismo". Esto, dice el texto, causó extrañeza a la junta directiva, que decían no haber hablado con él, algo que sí hicieron los abogados. Finalmente, la asociación no presentó ninguna querella. Alegaron que era una "cuestión civil en vez de penal".
Posteriormente, el escrito se centra en supuestas "negligencias profesionales" de los antiguos abogados de la AVT, de los que se llega a decir que "narran episodios imaginarios". Esta negligencia la centra en el caso Egunkaria y en el chivatazo, en el que se esfuerzan en demostrar que García Casquero quería que se llegase "hasta las últimas consecuencias". En este punto afirman que Segura no había "dedicado ni un solo minuto al estudio y conocimiento del sumario, tal y como hubiera debido ser su obligación".
Una vez que dejaron la AVT tras ser apartados, tanto Juan Carlos Rodríguez Segura como Manuela Rubio representan a la asociación Voces contra el Terrorismo y están personados en varios sumarios, que en estos momentos resultan enormemente molestos en un contexto de posible negociación.
El principal caso que llevan, como ya se ha dicho, es el chivatazo a ETA, donde Segura se personó en representación de la asociación dirigida por Francisco José Alcaraz. Curiosamente, está acusado de "negligencia" en esta cuestión. También están presentes en otra serie de sumarios tales como los casos de los ayuntamientos de ANV, de la plataforma proetarra Askatasuna y la red de extorsión de la banda.
Además trabajan en el caso de De Juana Chaos, en este momento en paradero desconocido; en la relación entre ETA-FARC y la Venezuela de Chávez; en el atentado en Mallorca que causó la muerte de dos guardias civiles; en el atentado de Guecho, así como en la detención de los abogados de los etarras. Otros dos casos en los que están personados con esta asociación son el atentado contra la Casa-Cuartel de la Guardia Civil de Burgos y contra el grupo musical Los Chikos del Maíz, por humillación a las víctimas.
Una de las principales consecuencias de la denuncia de la junta de la AVT, aparte de las posibles medidas contra estos abogados, es que el escrito podría ser utilizado por aquellos que quieren intentar neutralizar las iniciativas jurídicas de Voces contra el Terrorismo, en las que aparecen personados estos letrados.