Varios juristas consultados por Libertad Digital coinciden en afirmar que es complicado delimitar dónde está la línea que separa la actuación inmoral del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero durante su negociación con ETA en los años 2005-2006 y dónde empieza la actividad delictiva que pudieran haber cometido los emisarios del Ejecutivo.
De todos los datos que se desprenden de dichas actas que han publicado esta semana El Mundo y El País, hay un hecho que para todos los expertos está claro: el soplo policial que se dio el 4 de mayo de 2006 al cobrador de ETA, Joseba Elosúa, en el bar Faisán (Irún) encierra varios presuntos delitos que salpicarían directamente al Gobierno si el juez es capaz de demostrar que la orden de abortar la operación contra la banda criminal procedía del Ejecutivo. Algunas de estas ilegalidades cuentan con condenas de hasta diez años de cárcel.
Actualmente, el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz investiga si detrás del chivatazo a ETA se cometieron dos delitos: uno, de revelación de secretos (penado con hasta tres años de prisión) y otro, de colaboración con banda armada (cuya condena máxima es diez años de cárcel según la legislación vigente). En el caso, están imputados tres mandos policiales de aquella época; uno de ellos actual dirigente del PSE, Víctor García Hidalgo.
No obstante, con la nueva información aportada por las actas, los penalistas consultados subrayan que pudieron haberse cometido otros dos delitos por parte del Ejecutivo. Uno de omisión del deber de perseguir delitos y otro posible delito de financiación ilegal si se demuestra que el Gobierno se ofreció a proporcionar dinero a los terroristas utilizando para ello a organizaciones internacionales.
Las últimas revelaciones periodísticas sostienen que uno de los intermediarios del Ejecutivo de Zapatero dijo a los etarras lo siguiente en alusión a la extorsión. "El ministro (Rubalcaba) tiene un montón de cartas que no ha hecho públicas. Sabiendo que se pide dinero decimos que no consta. Si el problema es el dinero siempre se podrá arreglar por medio de una organización internacional".
Por otra parte, fuentes jurídicas informaron de que gran parte del contenido de dichas actas no consta en el sumario que el juez Ruz declaró secreto el pasado mes de enero.
En otro orden de asuntos, los emisarios del Gobierno aseguraron a los terroristas durante la negociación: "Se les ha comunicado a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a la Ertzaintza y a la policía francesa que no hagan detenciones y ha sido muy difícil pues esas órdenes no se dan por escrito". Según los juristas, estas palabras en sí mismas podrían constituir un delito de omisión del deber de perseguir actividades delictivas castigado en el Código Penal con penas de prisión de uno hasta cuatro años. Para poder emprender una acción legal se debería identificar al autor de estas declaraciones.