L D (J. Arias Borque) En 1996, tras la victoria electoral de José María Aznar, la Subdelegación del Gobierno en Álava recibe a su nuevo inquilino: César Velasco Arsuaga. Bajo los muros del histórico edificio que da cobijo al órgano oficial en la vitoriana calle Olaguíbel, comenzó una batalla judicial que ha cristalizado demasiados años después.
Velasco se propuso, entre otras cosas, que todos los edificios públicos pertenecientes a administraciones vascas cumpliesen con la Ley de Símbolos y Banderas. Es decir, que la enseña nacional ondease en ellos. Y tras conseguir que ya ondea en algunos consistorios vascos, en los juzgados vascos, y en edificios como las Juntas Generales de Guipúzcoa, este jueves, le tocó el turno al Parlamento vasco. Eso sí, en todos los casos ha sido necesario que hubiese una sentencia judicial por delante.
En declaraciones a Libertad Digital, Velasco se mostró satisfecho porque "el sentido común haya imperado", aunque "la pena es que haya tardado tanto tiempo". "Ya era hora", exclamó. Según recordó, como "alavés y español" quiere que la ley se cumpla y, en este caso, "la ley está escrita y hay que cumplirla. Lo que se lee en la ley es claro". A pesar de esto, no duda en censurar la actitud de las autoridades nacionalistas: "Retrasar el cumplimiento de la ley dice bien poco de la autoridad que lo retrasa".
Después de ver las imágenes de la bandera iza en la sede parlamentaria vasca sólo le queda un pero que hacer: "Es una pena que hayan sido tan tímidos al colocarla. Espero que la cambian a un sitio más visible. En una institución hay sitios con mayor visibilidad para ponerlas. La podían colocar con más orgullo, que es la bandera de su patria", exclamó.
El que fuera subdelegado del Gobierno en Álava durante los gobiernos de Aznar recuerda asimismo que todavía queda pendiente la sentencia sobre los edificios que dependen del Gobierno vasco.
Mientras disfruta, con años de retraso, de sus éxitos judiciales defendiendo la presencia de la bandera española en las instituciones vascas, continúa, ya fuera de la política activa, defendiendo nuevas cruzadas constitucionalistas. La última, la campaña "un exiliado, un voto", para reivindicar el derecho a votar en las elecciones vascas de los cientos de miles de vascos que tuvieron que abandonar la región que Gobierno Ibarretxe por la presión de los terroristas de ETA y sus secuaces.