El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, manifestó hoy, al hilo de la polémica sobre el proyecto de ley de la Generalidad catalana que divide la comunidad en siete veguerías, que si esa división territorial que se plantea afecta a "los límites de las provincias, es decir, que representa un alteración de los límites provinciales o implica una desaparición de las provincias", sería "inconstitucional porque afectaría a las competencias que corresponden al Estado".

En una entrevista a Europa Press, Manuel Chaves, tras indicar que el Gobierno central no conoce aún la citada norma del Ejecutivo catalán, manifestó que si las veguerías responden a un sistema de división territorial interno, en función de la distribución de las competencias de la Generalitat, "no habría nada que objetar", ya que sería algo similar a una división territorial en comarcas, como tiene otras comunidades.

"Desde esa perspectiva no habría nada que objetar", apuntó Chaves, quien advirtió de que, no obstante, si esa división territorial afecta a los límites de las provincias, es decir, que representa un alteración de los límites provinciales o implica una desaparición de las provincias, entonces "sería inconstitucional porque afectaría a las competencias que corresponden al Estado".

Recordó que las provincias están señaladas en la propia Constitución Española y que la alteración de los límites provinciales "es una competencia del Estado, de la misma manera que no se pueda alterar que las provincias sean circunscripciones electorales", indicó Chaves.

De otro lado, preguntado sobre si en la futura Ley de Gobierno Local va a contemplar algún tipo de apartado para posibilitar la disolución de ayuntamientos en manos de ANV u otra formación similar, Chaves señaló que se trata de un tema "delicado porque, según la Constitución, los mandatos corresponden a los ciudadanos que han salido elegidos", si bien agregó que el Ejecutivo está estudiando "medidas que puedan evitar que, buscando cualquier subterfugio o vía indirecta, partidos ilegalizados se puedan presentar a las elecciones municipales y, por lo tanto desarrollar un mandato".

"Estamos en esa dirección, procurando el respeto a la Constitución porque, de lo contrario, nos podríamos encontrar con una ley susceptible de ser impugnada ante el Tribunal Constitucional", manifestó el ministro, que apuntó que tiene claro que "ese es el objetivo" que se han marcado en el proceso de elaboración de la Ley de Gobierno Local. "Tratamos por todos los medios de evitar que personas que pertenecen a grupos políticos ilegalizados puedan buscar distintas fórmulas para que puedan acceder a los ayuntamientos", manifestó.

Asimismo, Manuel Chaves explicó, tras ser preguntado sobre el debate acerca de los "pisos patera", que en la futura Ley, que confió sea aprobada por el Consejo de Ministros en el primer semestre de este año, no se van a contener "parámetros de habitabilidad" y que la administración tiene claro que la persona procedente de terceros países en situación regular o no y que tenga un domicilio habitual en un determinado municipio, tiene que ser empadronada.

Según Chaves, otra cosa es que se utilicen domicilios "falsos y una persona se quiera empadronar cuando no tiene el domicilio en el sitio donde ser quiera empadronar", algo para lo que se establecerán medidas y la posibilidad de que el ayuntamiento "tenga los instrumentos necesarios para evitar ese tipo de fraude". El vicepresidente tercero indicó que ya se han empezado los contactos con los grupos políticos para buscar "el máximo consenso" en relación con esta norma.