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NUEVO ESCÁNDALO DEL EX PRESIDENTE ANDALUZ

Chaves miente sobre Mercasevilla: denunciaron los empresarios

La versión del vicepresidente del Gobierno y ex presidente de la Junta no coincide totalmente con la verdad. No fue la Junta andaluza quien denunció el caso, sino un grupo de empresarios.

Manuel Chaves dijo ayer martes que fue la Junta quien denunció los hechos corruptos demostrados en las grabaciones efectuados por los empresarios del grupo La Raza a la Fiscalía en Sevilla, pero, en realidad, fueron los empresarios los que denunciaron los hechos a la Junta, concretamente a un miembro del equipo de Zarrías y del propio presidente Chaves, Juan Gallo, quien, ante la envergadura del escándalo, optó por comunicarlo a Zarrías que lo comunicó a su vez a Chaves.

Enterados del escándalo, optaron por pilotarlo. En primer lugar, comunicaron los hechos al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, de quien depende la Fundación de Mercasevilla y Mercasevilla misma para ver si podía evitarse el escándalo y luego, casi diez días más tarde, convencidos de la inutilidad de los esfuerzos para parar el "bombazo", acudieron a la Fiscalía de Sevilla en vez de a un Juzgado de Guardia, como sería lo ordinario y razonable.

Contaba Diario de Sevilla el pasado uno de abril de 2009, que "el Ayuntamiento de Sevilla admitió ayer en un comunicado que conocía los hechos desde el pasado 4 de febrero, cuando fue informado por la Junta de supuestos comentarios y conversaciones realizadas por Fernando Mellet y Daniel Ponce, en ese momento, director general y director adjunto, respectivamente, de Mercasevilla".

El Consistorio hispalense decidió suspender el consejo de administración que se iba a celebrar el 6 de febrero para aclarar los hechos. Una semana después, el 13 de febrero, la Junta trasladó al Ayuntamiento que tenía "la certeza de que se han producido dichos comentarios" gracias a una grabación realizada por los afectados, que fue incluida en una denuncia ante la Fiscalía que fue presentada ese mismo día por la Consejería de Empleo.

Es decir, Manuel Chaves y Gaspar Zarrías ocultaron a la Fiscalía y a la Justicia al menos durante 9 días los hechos gravísimos denunciados a personas de la Junta por los empresarios desde mucho antes y sólo ante la existencia de las grabaciones es cuando, comprendiendo la inevitabilidad del escándalo, acudieron a la Fiscalía.

Falsearon los motivos de la dimisión de Mellet y uno de los dos implicados, Ponce, aún no ha dimitido ni ha sido destituido

El Ayuntamiento no aclaró las razones por las que ocultó la situación de los dos directivos. Ambos eran militantes de la Agrupación Macarena del PSOE (dejaron de serlo dos meses después de conocidos los hechos) convulsionada por el escándalo de las facturas falsas. Precisamente, Fernando Mellet y Daniel Ponce entraron en Mercasevilla en la etapa de José Antonio García al frente de la Delegación de Salud y Consumo. García presentó posteriormente su dimisión como concejal del distrito Macarena a causa del escándalo de las facturas aunque después fue exculpado.

El alcalde dio orden, a través de fax dirigido al consejo de administración, de la propuesta de cese inmediato de ambos pero el cese de uno de ellos, Mellet, se produjo en el consejo de administración que se celebró finalmente l7 de febrero, donde Mellet alegó oficialmente ante los consejeros que dejaba el cargo por razones personales relacionadas con la enfermedad de dos familiares.

La propia fiscal jefe, María José Segarra, estaba dirigiendo la investigación pero se limitó a la toma de declaraciones de los empresarios, los directivos, el alcalde y poco más, en lo que es criticado por la oposición como una "operación de enfriamiento" del tema.

El "caso Mercasevilla" tomó cuerpo de manera inmediata una vez se ha hizo cargo del mismo el Juzgado de Instrucción 4 de Sevilla. Tras incorporar las actuaciones de la Fiscalía, su titular, Mercedes Alaya, amplió la investigación, de hecho, a todas las subvenciones recibidas por la fundación del mercado central sevillano. Así se advertía en el auto en el que solicita a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía un listado con todas las subvenciones concedidas por la Delegación provincial del ramo –de la que es delegado Antonio Rivas– en los últimos cuatro años "a fin de verificar el destino de las mismas". Rivas está asimismo imputado en el caso.

Sólo tras saltar el caso a la prensa vía periódico ABC el PSOE se decidió a expulsar a Mellet y a Ponce del POE.

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