L D (Agencias) En declaraciones a Cataluña Ràdio recogidas por Europa Press, Francesc Homs explicó que en recaudación de impuestos cedidos y el fondo de infraestructuras para que la inversión del Estado alcance el porcentaje del PIB –18,5%– Cataluña conseguiría 5.128 millones euros, "mínimo, de más" cada año. Estos ingresos, señaló, permitiría reducir el déficit un 2,8% y dejarlo en una horquilla de entre el 4,5 y el 5,5% del PIB. No obstante, dudó de los cálculos hechos públicos por el primer secretario del PSC y ministro de Industria, José Montilla, que aseguró este fin de semana que Cataluña recibiría 20.000 millones en inversiones en 7 años. "Ya me gustaría, pero creo que no", admitió Homs.
De forma paralela, se debería negociar en el seno de la Comisión Mixta Estado-Generalitat la aportación de Cataluña a la solidaridad y su participación en los fondos de suficiencia, que para 2006 se sitúan en 2.568 millones. Homs lamentó que "hay quien se apresura a decir que nos lo quitarán, pero eso irá en función de cómo se apliquen los criterios para mantener la ordinalidad". Recordó que el "compromiso político" de CiU es "defender íntegramente durante el tiempo que sea necesario" el texto aprobado el 30 de septiembre por el Parlament y señaló que, de momento, "hemos logrado un buen cacho". No obstante, confió en que "no sea para muchos años" y señaló que "si hay un gobierno nacionalista, una fuerza política potente y con capacidad de incidir en Madrid, en dos o tres años se puede conseguir" la cesión completa de la cesta de impuestos y la Agencia Tributaria de Cataluña única.
En este sentido, Chaves calificó de "disparatados" los informes de la fundación FAES, que según Chaves están "muy alejados de las cuentas que su partido maneja", y recordó que fue la dirección del PSOE andaluz la que propuso la corresponsabilidad fiscal del IRPF y de los Impuestos Especiales en un 50 por ciento, "porque así nadie sale perdiendo". El dirigente socialista se refirió también a los plazos para el "fin del debate territorial" y de la vigencia de los Estatutos y señaló que el debate sobre el modelo de ordenación territorial acabará cuando culminen los procesos de reforma de los textos, para los que calculó una vigencia "como mínimo de 20 ó 25 años".