L D (EFE) CiU hizo efectiva su amenaza de querellarse contra Maragall después de que el presidente catalán no haya "rectificado en toda regla", ni se haya "disculpado" como pedía el jefe de la oposición, Artur Mas, de las afirmaciones de que el "problema" de CiU es "el 3%".
La querella, presentada ante la Sala Civil-Penal del TSJC por un procurador del equipo de abogados que la ha elaborado, se refiere a un "presunto delito de calumnias con publicidad" y de otro "presunto delito de injurias graves con publicidad
La querella, presentada ante la Sala Civil-Penal del TSJC por un procurador del equipo de abogados que la ha elaborado, se refiere a un "presunto delito de calumnias con publicidad" y de otro "presunto delito de injurias graves con publicidad
Poco antes, el presidente del PP catalán había registrado en el Parlamento una moción de censura contra Maragall. Sabedor de que será rechazada, Josep Piqué explicaba que su objetivo con esta iniciativa parlamentaria es "obligar" al presidente catalán a que dé explicaciones sobre sus acusaciones de corrupción contra CiU.
Querella con matices
Convergencia ya ha adelantado que "de ninguna manera" apoyará la moción ni a un persona del PP que quiera ser presidente de la Generalidad". Además de reiterar que espera una rectificación pública de Maragall, el líder de CiU, Artur Mas, centró sus críticas en Piqué por buscar protagonismo y seguir la estrategia del PP de Madrid.
La querella está firmada por los abogados Juan Córdoba y Pablo Molins y se extiende a Maragall, el consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, y el diputado de ERC Xavier Vendrell. Sostiene que la manifestaciones de Maragall sobre el 3 por ciento "no son una opinión" sino "una imputación", como demuestra que "al día siguiente todos los medios de comunicación reflejaban que el presidente de la Generalitat había acusado a CiU de corrupción".
La federación nacionalista justifica esta iniciativa judicial porque "se ha visto obligada" ante las "manifestaciones realizadas por los querellados dentro y fuera del Parlamento, de manera reiterada y ante los medios de comunicación, sugiriendo que CiU se habría lucrado ilícitamente durante sus años de gobierno".
La querella añade que "existen los informes económicos de auditoría realizados por el actual Gobierno de la Generalidad que afirman que no existió ninguna alegalidad en la gestión del último gobierno".