En su escrito, el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, justifica esta petición en la inexistencia de delito en la actuación de su representado, si bien lo hace con más lirismo que argumentaciones jurídicas: "Sólo con dificultad puede soportar el papel la afirmación de que Garzón actuó con la intención de ser injusto ¿Cómo se podrá sostener tal cosa?”, asegura.

“Habría actuado de forma injusta si hubiera desamparado a las víctimas que reclamaban justicia; si les hubiera denegado su derecho a saber; si se hubiera negado, en fin, a admitir unas denuncias que recogían gravísimos hechos delictivos", dice, para añadir después que "el único empeño y objetivo de mi representado fue otorgar la tutela judicial debida a las víctimas".

No obstante, la defensa admite que existe un "considerable debate jurídico" y que "habrá quien opine que mi mandante actuó de manera incorrecta y que fue demasiado lejos, de la misma forma que hay quien piensa que se quedó corto en su conducta".

Pero, siempre según el abogado de Garzón, "en cualquier caso, en el marco de ese debate todavía en fase de consolidación y desarrollo doctrinal, resulta completamente irrazonable pretender que sólo hay una interpretación posible de la Ley y, con tal presupuesto, castigar penalmente a quien no se somete a dicha interpretación".

La defensa de Garzón ha presentado también un segundo escrito al Tribunal Supremo en el que solicita que se deniegue la práctica de las pruebas solicitadas por las acusaciones al considera que el texto de una conferencia que Garzón pronunció en Bogotá (Colombia) en 2006, en la que se refirió a la Convención Internacional para la Protección de las Personas Desaparecidas; el archivo en 1998 de una querella por los crímenes de Paracuellos y las normas de reparto de la Audiencia Nacional son "innecesarias y perjudiciales" y "ajenas al objeto de esta causa".