COMUNICADO CONJUNTO de las asociaciones cívicas y de víctimas

POR LA DISOLUCIÓN INMEDIATA DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ANV

CONTRA EL ENGAÑO Y LOS CÁLCULOS ELECTORALES EN MATERIA ANTITERRORISTA

COMUNICADO CONJUNTO DE AVT, FORO ERMUA, DIGNIDAD Y JUSTICIA, FUNDACIÓN MIGUEL ÁNGEL BLANCO, FUNDACIÓN GREGORIO ORDÓÑEZ, COVITE

Las asociaciones de víctimas y cívicas firmantes queremos enviar un mensaje unitario al Gobierno para que proceda a iniciar de manera inmediata el proceso para la disolución de todos los Ayuntamientos gobernados por ANV. Esta elemental medida ha de adoptarse sin más dilaciones y sin entrar en cálculos electorales o intereses partidistas.

Permitir que una organización como ANV, que es considerada terrorista por la UE y que según sentencia del Tribunal Supremo es un instrumento de ETA continúe gobernando en 42 municipios del País Vasco y de Navarra es una aberración política y jurídica que no puede prolongarse más.

El Gobierno incumplió la Ley permitiendo que ANV se presentara a las elecciones cuando su vinculación a ETA-Batasuna estaba más que acreditada. Ahora continúa resistiéndose a aplicar la ley al negarse a disolver los ayuntamientos gobernados por ANV. Por tanto, es responsable tanto de la entrada de ETA en las instituciones como de su permanencia en las mismas. Con su actuación permite que el dinero público sirva para financiar los atentados y el entramado terrorista y que desde las instituciones municipales se amedrente a los ciudadanos demócratas y se profundice en la “pedagogía de la violencia”.

A las asociaciones firmantes no nos valen las excusas. Se intenta engañar a la población defendiendo la imposibilidad de proceder a la disolución de los Ayuntamientos de ANV con argumentos falsos y pseudo jurídicos. La Ley ampara la disolución, la lucha antiterrorista la necesita y la dignidad de las víctimas del terrorismo y del Estado de Derecho la exigen.

El artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local dice:

“1. El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante real decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los interese generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales”.

Ningún demócrata puede defender que no supone una gestión gravemente dañosa para los intereses generales, entre otras:

1. La negativa coordinada, reiterada y sistemática a condenar los atentados de ETA.
2. La creación de comisiones en apoyo de los terroristas etarras presos.
3. La sistemática aprobación de resoluciones coincidentes con los mensajes de ETA
4. La apología permanente del terrorismo negándose a retirar de las paredes y señalizaciones de los ayuntamientos que gobiernan las pintadas y carteles a favor de la banda terrorista o negándose a retirar los nombres de calles y parques dedicados a etarras o
5. subir el sueldo de los concejales con objeto de compensar el efecto que provoca la disolución del grupo municipal de ANV.

Estas son sólo algunas de las numerosas conductas que justifican la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV. Si no se lleva a cabo no es porque la ley no lo permita, sino porque no hay voluntad de aplicar la Ley. Y por las asociaciones aquí presentes no vamos a dejar de denunciarlo.

Es posible derrotar definitivamente a ETA. Pero para ello la política antiterrorista debe ser firme en todos los frentes. No bastan los importantísimos éxitos policiales que se vienen sucediendo, sino que es necesario mantener una política coherente a lo largo del tiempo, sin supeditarla a conveniencias electorales o partidistas, es necesario redoblar los esfuerzos internacionales, hacer frente a todo el entramado civil e institucional de ETA, eliminar de manera radical y absoluta cualquier apelación o puerta abierta a la negociación, potenciar el movimiento cívico y no dejar espacios por donde los terroristas puedan respirar. Por eso la negativa a disolver los ayuntamientos gobernados por personas elegidas en las listas de ANV es un lastre muy severo en el camino para terminar con ETA de manera definitiva y sin concesiones. El Gobierno se juega una gran parte de su credibilidad en este asunto.

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