En la denuncia original contra las empresas de Polanco se decía que desde el 1 de septiembre de 1991 hasta enero de 1996 Sogecable y Canal Plus actuaban como sociedades paralelas. En el Registro Mercantil constaba que el importe de los depósitos de los abonados en concepto de fianza por el uso de descodificadores figuraba contabilizado en el pasivo del balance de Sogecable. Después Canal Plus adquirió la totalidad de las acciones de Sogecable para acordar al día siguiente su disolución sin liquidación cediendo el global de activos y pasivos a Canal Plus que pasó a llamarse Sogecable. Según la denuncia, las fianzas de los abonados se utilizaron de forma irregular en la operación. El cobro del IVA se siguió gravando a los nuevos abonados produciendo ganancias por 5.500 millones de pesetas a costa del telespectador de pago.

 

En 1997 comenzó para Javier Gómez de Liaño un calvario que duró cinco años y le apartó de la carrera judicial. El juez Javier Gómez de Liaño ni siquiera llegó a instruir el caso Sogecable pero, a juzgar por la ofensiva judicial y mediática desatada, se estaba acercando mucho a la realidad sobre las fianzas de los descodificadores de Canal Plus. Juan Luis Cebrián, el propio Jesús Polanco y el juez Enrique Bacigalupo desencadenaron entonces un feroz ataque contra el magistrado que culminó en una condena por prevaricación. Tras el indulto decretado por el Gobierno no cesó el acoso. Los mismos jueces que lo condenaron se opusieron –amparados por la cuerda izquierdista del CGPJ– al reintegro de Liaño en la carrera judicial y el propio Polanco se jactaba de haber "librado a España de un juez como ese".

 

En junio del año 2001, el fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, dijo que Javier Gómez de Liaño había sido condenado por el caso Sogecable "con menos derechos que un preso preventivo". De hecho, consideró que "no había motivos para condenarle, expulsarle y suspenderle. Si la Fiscalía de la Audiencia Nacional hubiese visto que cometió cualquier irregularidad o anomalía en el caso Sogecable, hubiéramos actuado independientemente de que fuera nuestro conocido". Años después, las palabras del fiscal se confirmaron. Fue precisamente cuando el fiscal Gordillo solicitó comisiones rogatorias en un paraíso fiscal cuando surgió de la imaginación de Juan Luis Cebrián, consejero delegado de PRISA, que el juez Liaño estaba diseñando su prevaricación ayudado por periodistas. Se personaron en el juicio como acción particular el propio Cebrián, y su jefe Jesús de Polanco, defendidos por los abogados Horacio Oliva García, Antonio González Cuellar y Matías Cortes.