El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, llamó la atención sobre que la operación de Rubalcaba se haya llevado a cabo una semana antes del debate más difícil al que se enfrenta el PSOE. "La decisión se tomó en Madrid, no la tomó el juez de Orihuela, sino que fue en el Ministerio del Interior". También hizo hincapié en cómo se realizó la operación, de forma "espectacular y cinematográfica". "Se enviaron 80 policías de Madrid a Alicante, se cortaron calles y pusieron furgonetas policiales en las esquinas".

"No había orden para detener", dijo y explicó que la Policía sólo puede detener sin orden judicial con delito flagrante, para evitar la comisión de un delito, para evitar destrucción de pruebas o evitar fugas,. "En un caso que lleva más de tres años judicializado, es obvio que no se dan estos casos". También advirtió que el artículo 520 dice que la detención siempre se tiene que producir de la forma que menos perjudique la reputación del detenido, cuando en este caso se ha hecho de la forma en que "más podía perjudicar" a Ripoll.

"Ayer la Policía suplantó gravísimamente al juez en tres aspectos", denunció. Primero acordando una detención no sujeta a previsiones legales , segundo citando en nombre del juzgado a Ripoll a comparecer. Y tercero, haciendo pública una nota de prensa imputándole delitos cuando el TSJCV ha dicho que no hay ninguna imputación. "La Policía mintió en su nota de prensa" también cuando dijo que se había incautado dinero. Ripoll ha aclarado hoy que no se incautó ningún dinero en efectivo. Además, el TSJCV ha llamado la atención a la policía por romper el secreto de sumario.

Dijo Pons que las detenciones "confusas" echan un "tufo" a maniobra "política" para allanar el paso a Zapatero de cara al debate. "Exigimos una aclaración al Ministerio del Interior. Ayer se produjeron detenciones con la clara intención de hacer publicidad política a favor del gobierno a costa de derechos fundamentales. Con Rubalcaba al frente de Interior, las garantías constitucionales, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho están en riesgo".

Aguirre: "Como si fuera un zulo etarra"

En el mismo sentido se pronunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien denunció la "utilización partidista" de la Policía y la Fiscalía contra su partido, especialmente en la detención del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, según recoge Europa Press.

"Al parecer, ayer entraron ocho policías a registrar la vivienda particular del presidente de la Diputación, hubo seis camiones que rodearon el Ayuntamiento de Orihuela como si fuera un zulo etarra, una nave con ilegales, o un centro de fabricación de drogas o de venta, cuando a un Ayuntamiento se le piden los expedientes y tiene que darlos. Al parecer, lo que pedían ya estaba en los juzgados", ha manifestado en rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP de Madrid.

También se quejó de la "doble vara de medir" del Ministerio público, ya que, a su juicio, "hay casos para los que no encuentra tiempo o ningún tipo de razón", mientras que siempre actúa "cuando es el PP". En este punto, ha puesto como ejemplo los casos de Palma, "con detenciones con televisión" o el del vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, imputado dos años y medio "por un asunto del que es absolutamente inocente"

Tras remarcar que la policía ha llevado a cabo detenciones de 12 horas para "interrogatorios de 10 minutos", Aguirre ha reclamado que se aclare por qué "siempre" se actúa así contra el PP. "¡Qué casualidad!", ha exclamado, al tiempo que ha recordado que el que se busca en el caso Ripoll relacionado con la eliminación de basuras, "fue votado por unanimidad". "En ese sumario hay miembros de todos los partidos. Qué casualidad que sólo es al PP (al que acusa)", ha concluido.