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Noticia publicada el 26-03-2007
L D (EFE) En declaraciones a la Cadena Ser, Cándido Conde Pumpido ha dicho que cada vez que el Ministerio Fiscal "toma una decisión que no es la que la oposición quiere que tome, inmediatamente se presiona al fiscal con la amenaza de que, o que se hace lo que nosotros decimos, o se acusará al fiscal de estarse sometiendo al gobierno".
"Se descalificará a todos los magníficos profesionales que están trabajando con imparcialidad diciendo que son unos instrumentos del Gobierno que destrozan el Estado de Derecho, se llegará a pedir 27 veces la dimisión del fiscal general, a llevar un tema jurídico al parlamento o a sacar a los falangistas a la calle para que se manifiesten delante de la Fiscalía General del Estado", prosiguió.
"Se descalificará a todos los magníficos profesionales que están trabajando con imparcialidad diciendo que son unos instrumentos del Gobierno que destrozan el Estado de Derecho, se llegará a pedir 27 veces la dimisión del fiscal general, a llevar un tema jurídico al parlamento o a sacar a los falangistas a la calle para que se manifiesten delante de la Fiscalía General del Estado", prosiguió.
Niega órdenes del Gobierno
Sobre la sentencia de este tribunal, que absolvió a Otegi tras ser retirada la acusación a pesar de que consideraba que había prueba de cargo suficiente para condenarle, indicó que los fiscales deben respetar la independencia judicial y los jueces la autonomía del Ministerio Público.
"Las funciones que tienen para defender cada uno" su posición "pueden entrar en conflicto y efectivamente han entrado en conflicto porque nosotros estimamos que puede haber una extralimitación del tribunal", explicó. El fiscal general del Estado dijo que la ley prohíbe al Gobierno dar órdenes a la Fiscalía e insistió en que nunca ha recibido instrucciones por parte del Ejecutivo.
Pumpido prepara un informe
Por otro lado, fuentes de la Fiscalía General han indicado que Cándido Conde Pumpido ha ordenado a la Secretaría Técnica de este órgano que elabore un informe sobre la actuación del Ministerio Público y del tribunal de la Audiencia Nacional que el pasado miércoles juzgó al portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi. Consistirá en el análisis de toda la documentación que obra en el procedimiento desde que en 2001 el Ministerio Público presentó ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco una querella por enaltecimiento del terrorismo contra Otegi por las declaraciones realizadas durante el entierro de la etarra Olaia Castresana.
El informe tratará de determinar si las actuaciones producidas desde entonces lo han sido conforme a derecho, especialmente a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en relación con el principio acusatorio, que impide dictar condena si ninguna parte acusa. "Si la Fiscalía no ha cometido ningún error, habrá que ver quién lo ha cometido", señalaron las fuentes.
El informe tratará de determinar si las actuaciones producidas desde entonces lo han sido conforme a derecho, especialmente a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en relación con el principio acusatorio, que impide dictar condena si ninguna parte acusa. "Si la Fiscalía no ha cometido ningún error, habrá que ver quién lo ha cometido", señalaron las fuentes.
En un comunicado, el Foro Ermua ha pedido la dimisión del fiscal general y considera que éste "ha acusado de ser 'falangistas' a los ciudadanos que protestaron frente a la Fiscalía el pasado jueves", y recuerda que fue esta asociación, y no el PP, la que convocó la concentración en protesta por la retirada de la acusación contra el portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi.
"Atribuir falsamente esta iniciativa al PP es, una vez más, un modo de pretender convertir en una lucha partidista lo que es un grave atentado a los elementales principios de nuestro sistema democrático que suscita una seria indignación en la sociedad civil, incluyendo a personas de muy diversa sensibilidad, también la socialista", añade la nota.
El comunicado dice que en la protesta "únicamente un puñado ínfimo de personas mostraron símbolos preconstitucionales", asegura que se les instó a retirarlos y que "no son bienvenidas nunca en los actos del Foro Ermua" y afirma que "actuaron como provocadores, posiblemente enviados por alguien que deseaba reventar la concentración".
"Atribuir falsamente esta iniciativa al PP es, una vez más, un modo de pretender convertir en una lucha partidista lo que es un grave atentado a los elementales principios de nuestro sistema democrático que suscita una seria indignación en la sociedad civil, incluyendo a personas de muy diversa sensibilidad, también la socialista", añade la nota.
El comunicado dice que en la protesta "únicamente un puñado ínfimo de personas mostraron símbolos preconstitucionales", asegura que se les instó a retirarlos y que "no son bienvenidas nunca en los actos del Foro Ermua" y afirma que "actuaron como provocadores, posiblemente enviados por alguien que deseaba reventar la concentración".
