Ninguna personalidad del mundo de la Justicia ha querido perderse la apertura del año judicial que ha tenido lugar este lunes en la sede Tribunal Supremo. Entre los asistentes al acto, su majestad el rey don Juan Carlos, encargado un año más de inaugurar el presente curso judicial; la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas; el presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar; el presidente del Congreso, José Bono, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, así como multitud de magistrados, fiscales y jueces de diferentes instancias.
Conde-Pumpido ha sido el primero en intervenir públicamente en el acto, arrancando su discurso con una frase del presidente de EE.UU, Barack Obama. "En democracia, el cargo más importante es el del ciudadano" ha destacado el fiscal general del Estado. Durante su discurso, el representante máximo del Ministerio Fiscal ha reclamado al Gobierno, y en concreto al Consejo de Ministros, una modificación de la Ley de Bases de Régimen Local para terminar con la actual situación "hiriente para la sensibilidad democrática" que permite que la ilegalizada ANV siga gobernando en ayuntamientos del País Vasco.
Dicha reclamación se incluye en la última Memoria de la Fiscalía, relativa a 2008 y que ya hizo hace unos seis meses. Según Conde-Pumpido y aunque hay opiniones que argumentan lo contrario, lo que pasa actualmente en determinados municipios del País Vasco y Navarra "no encaja en la taxativa tipicidad de la norma actualmente vigente", según advierte la última Memoria de la Fiscalía General del Estado, por lo que el Ministerio Público propugnó una "una fórmula general que permita erradicar directamente esta realidad".
Concretamente, propuso la incorporación al artículo 61 de la citada Ley Orgánica de una causa de disolución más, que afecte de forma concreta al Ayuntamiento "que sea gobernado por una mayoría de concejales que hubieran sido elegidos en la lista de un partido ilegalizado".
Artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local:
- 1. El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante Real Decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
- 2. Se considerarán, en todo caso, decisiones gravemente dañosas para los intereses generales en los términos previstos en el apartado anterior, los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares.
- 3. Acordada la disolución, será de aplicación la legislación electoral general, cuando proceda, en relación a la convocatoria de elecciones parciales y, en todo caso, la normativa reguladora de la provisional administración ordinaria de la corporación.
A juicio del fiscal general esta modificación normativa no colisionaría con la doctrina constitucional según la cual "el derecho a participar corresponde a los ciudadanos, y no a los partidos", referida a supuestos de desvinculación entre el partido y el cargo electo. Por el contrario, se evitará así que "un partido político declarado ilegal pueda perpetuar su actividad política a través de los cargos públicos que fueron elegidos en sus listas", insistió.
"Sean quienes sean sus autores"
En las palabras de Conde Pumpido, también hubo tiempo para salir en defensa de la Fiscalía Anticorrupción, criticada duramente en las últimas semanas por el PP que asegura que existe un doble rasero a la hora de perseguir delitos por parte del Ministerio Fiscal.
Pues bien, Pumpido ha defendido la exigencia de la sociedad de "erradicar las conductas corruptas vengan de donde vengan, sean quienes sean sus autores", lo que ha calificado como un “esfuerzo, no siempre grato". El fiscal general ha manifestado, en lo que parecía una clara referencia a los populares, que sea cual sea la estrategia de defensa de las conductas corruptas "no logrará en ningún caso deslegitimar la lógica y la acción inexorable del Estado de Derecho". Además el fiscal ha subrayado que cuestiones como el respeto al secreto de sumario, las garantías de los imputados o el sistema de recursos no son problemas que vayan a resolverse "clamando por la imparcialidad del sistema desde posiciones de patente parcialidad", ha afirmado de nuevo en referencia al PP.
Por otro lado, Pumpido ha señalado que la politización de la Justicia también se debe a la debilidad del sistema procesal.
Dívar pide respeto para los magistrados del Supremo
Tras el discurso de Pumpido, el turno del presidente del Tribunal Supremo y el CGPJ. Sus primeras palabras han hecho referencia a la crisis económica: "Nos disponemos a comenzar un año marcado por las dificultades económicas que agobian a buena parte de la sociedad española y que inciden en la actividad judicial".
También, Dívar ha querido dedicar parte de su intervención a las víctimas del terrorismo "que ha pagado con su vida el exacto cumplimiento de sus obligaciones". El presidente del poder judicial ha subrayado que desde sus tiempos de juez de la Audiencia Nacional es "especialmente sensible con estos sacrificios".
Asimismo, y una vez más, el poder judicial reclama independencia. Durante su discurso Carlos Dívar ha pedido respeto para los magistrados de la Salas del Tribunal Supremo, refiriéndose expresamente a los miembros de la Sala de lo Penal quienes han recibido duras críticas por parte de algunos medios de comunicación tras imputar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por prevaricación.
Al acto han acudido todos los magistrados del Tribunal Constitucional; varios de miembros del CGPJ, entre ellos su vicepresidente, Fernando de Rosa y su portavoz, Gabriela Bravo; el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Juan Luis de la Rúa, el expresidentes del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, el portavoz de la asociación Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, la portavoz de los populares en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, entre otros.