(Libertad Digital) Este martes el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha señalado en un desayuno informativo al que ha asistido un amplio elenco de la Judicatura española, que las primeras filtraciones al diario El País sobre la operación Cacería contenían “errores”.

Pumpido ha corroborado que las “supuestas filtraciones”, tal y como él las ha calificado, proceden de la denuncia de un particular, a partir de la cual se originó la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción, que encabeza Antonio Salinas.

Según el Fiscal General, desde el Ministerio Público se atendió a la denuncia del PP sobre la violación del secreto de sumario y se llegó a la conclusión de que todas las informaciones publicadas por el diario de Prisa “procedían de la denuncia de un particular”, ya que según Pumpido había datos “erróneos” que evidenciaban que las noticias no habían sido extraídas del secreto de sumario.

En este sentido, la Fiscalía ya remitió el pasado día 12 de febrero una carta a los populares en la que le informaba que los datos que se habían filtrado de la investigación sobre la supuesta trama de corrupción en el entorno del PP, no procedían ni del órgano que Pumpido encabeza ni de la instrucción llevada a cabo por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.

Investigación sobre la nueva denuncia del PP

Por otra parte, sobre la segunda denuncia interpuesta por la oposición ante el Ministerio Fiscal por un nuevo delito "de filtración de un sumario secreto", después de que El País acusara a Camps de estar implicado en la presunta trama de corrupción, Pumpido ha señalado que en estos momentos se “está investigando” el asunto.

El PP recordaba en esta denuncia que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece el secreto de las diligencias del sumario (art. 301 LECR) y que la ruptura del mismo es un grave delito tipificado en el Código Penal con penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para la Autoridad o funcionario responsable de tres a cinco años, (art. 417 del Código Penal, en relación con el 415 y concordantes).

La última pirueta del aluvión de filtraciones protagonizadas por el diario de Prisa acabó con un desmentido inédito realizado por un juez de instrucción en un caso sometido al secreto de sumario. El País dijo que Esteban González Pons, Luis Bárcenas y Gerardo Galeote estaban implicados en la trama y Garzón tiró la piedra y escondió la mano al corrigerle: no habían acertado con Pons, pero con los otros dos sí.

Conde-Pumpido: "Yo no cazo"

Además, Conde-Pumpido al ser preguntado por la cacería que compartieron el juez Garzón y el ya ex-ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha señalado que "yo no cazo". No obstante, el fiscal general ha dicho que no quería pronunciarse sobre las "actividades particulares de los jueces o de los políticos durante los fines de semana".

Por otro lado, Pumpido ha destacado que dicha cacería "ya ha tenido sus consecuencias", refiriéndose a la dimisión del Bermejo.

"Guantánamo electoral"

En relación las elecciones del pasado domingo y la ausencia en por primera vez de marcas pertenecientes al entorno de ETA, el fiscal general matizó unas declaraciones propias del pasado y defendió que en "la Ley de Partidos no configura un Guantánamo electoral". "Estas elecciones han venido a darme la razón- se jactó- porque hemos visto como un sector de la izquierda abertzale ha salido de ese gueto del que pueden salir libremente para ir a votar a una opción legítima como es Aralar".

Sin embargo, Pumpido ha reconocido que "es cierto que en ocasiones ha acabado penetrando algún resquicio de esas marcas blancas por algún hueco", admitió el fiscal, quien, no obstante, añadió que "se ha ido depurando el sistema" hasta el punto de que en estas elecciones se han podido impugnar no sólo la marca electoral D3M, sino un partido durmiente que como Askatasuna.