LD (Ángela Martialay) El juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ha condenado a dos años de prisión al proetarra Pedro Maria Olano por un delito de amenazas sobre la alcaldesa de Lizarza (Guipúzcoa), Regina Otaola (PP). Además, el batasuno deberá indemnizar con la cantidad de 12.000 euros a la regidora.

El tribunal da probado los hechos que se remotan al el 7 de septiembre de 2007 cuando Olano dijo a la alcaldesa “Otaola, vas a morir” mientras ésta presidía la izada de las banderas española, vasca y local en el balcón del Ayuntamiento de Lizarza. Estas amenazas se profierieron mientras unas treinta personas aproximadamente se concentraron en las puertas del Consistorio para protestar por el izado de la insignia nacional y entre gritos de “Otaola fuera” e “Ikurriña es la nuestra”.

Para el tribunal, esta amenaza se enmarca en "una campaña de hostigamiento contra los concejales de los partidos políticos", tachados de "españolistas y constitucionalistas" por la banda terrorista ETA. Según explica la sentencia, Olano "buscaba amedrentar a la alcaldesa por ser miembro del Partido Popular y haber conseguido la alcaldía tras la anulación de otras candidaturas por su relación con los partidos políticos ilegalizados por su vinculación con ETA".

"Un plus de reprochabilidad"

La frase de "Otaola, vas a morir" proferida por el batasuno "por su contenido y por el momento y circunstancias en que se produce, no puede tener otra finalidad que atemorizar a los miembros de ese Ayuntamiento, para impedirle o dificultarle el desempeño de su cargo". Al oirla, añade la resolución, Otaola le pidió que repitiera lo que había dicho y éste no contestó, tras lo que abandonó la concentración "sin conseguir que la alcaldesa alterase el programa del acto".

La Sala considera a Olano autor de un delito de amenazas relacionadas con la actividad de la banda terrorista ETA ya que están realizadas por una persona que "sin pertenecer a banda terrorista contribuye a sus fines".

El magistrado entiende que al desempeñar Regina Otaola el cargo de alcaldesa, el delito tiene un "plus de reprochabilidad", ya que la regidora "se ha convertido en víctima de un delito por ser un servidor público".

Por su parte, el Ministerio Fiscal había pedido 6 años de cárcel Olano y la prohibición de aproximarse a Otaola y volver al lugar donde ocurrieron los hechos durante un periodo de diez años a contar desde su puesta en libertad. Sin embargo, el juez no estima necesario que se cumpla la orden de alejamiento solicitada por el fiscal.