La presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP de Madrid convocó una reunión de urgencia  para estudiar las duras declaraciones que hizo al diario El País el vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, sobre la actuación de Esperanza Aguirre en Caja Madrid. Por lo pronto, Esperanza Aguirre dijo que le parece "absolutamente idiota" que se establezca un "enfrentamiento" en el seno de su partido en torno a quién debe ocupar la presidencia de Caja Madrid.

La presidenta madrileña le recordó a Cobo que la mayoría de "la gente de Rato trabaja conmigo, y por lo tanto querernos enfrentar me parece que es absolutamente idiota". Asimismo, insistió en que el ex ministro y es director gerente del FMI, Rodrigo Rato, podría ser un "excelente presidente de Caja Madrid" y también "de cualquier institución financiera europea, española o mundial".

Considera además que también su vicepresidente, Ignacio González, "y cualquiera de los candidatos de los que se ha hablado" para presidir la caja, incluido Manuel Pizarro, le parecerían igualmente "excelentes" para estar al frente de la entidad, pero ha añadido que "sin duda, Rodrigo Rato es un lujo absoluto".

No obstante, reiteró que ella cumple la ley vigente en cuanto al relevo en la presidencia de la caja y que "si alguien la quiere cambiar para que sea el gobernador del Banco de España el que nombre al presidente de Caja Madrid, a mí también me parecerá bien".

Por otra parte, le parece "curioso" que el vicealcalde haya hecho estas declaraciones al mismo periódico "que hace seis años publicó una mentira en portada, también sobre Caja Madrid, diciendo que había un acuerdo secreto entre el PP y Comisiones Obreras", información que, asegura, tuvo que rectificar más adelante porque dicho acuerdo era público y "la prueba es que estaba" en ese mismo medio.

Decidirá Génova

El Comité de Derechos y Garantías del PP de Madrid decidió por unanimidad pedir al Comité Nacional, de acuerdo con el artículo 49 de los estatutos del partido, que "reaccione" a las declaraciones de Cobo. La presidenta del Comité, Cristina Cifuentes, y los 11 vocales que componen este órgano del PP madrileño han tomado esta decisión unánime en una reunión celebrada hoy en la sede del partido en la calle Génova que se ha prolongado aproximadamente una hora.

Según fuentes del PP de Madrid, el acuerdo se produce en virtud del citado artículo de los estatutos, que establece que el Comité Nacional tiene competencia "exclusiva" sobre aquellos que "pertenezcan a cualquier órgano nacional del partido".

Según dicho artículo, la competencia del Comité Nacional de Derechos y Garantías es "irrenunciable" e "indelegable", y "la podrá recabar en cualquier momento por circunstancias especiales que así se consideren, en cuyo caso el Comité Regional se abstendrá de conocer del asunto que se trate y remitirá todo lo actuado al Comité Nacional".

Para las "infracciones leves", los Estatutos del PP contemplan como sanción la "suspensión de militancia por un periodo comprendido entre un mes y un año"; la "inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido o en representación de éste por igual periodo de tiempo"; y el "apercibimiento verbal o escrito". Entre otras, se considera infracción leve "cualquier manifestación oral o escrita que vaya en descrédito o menosprecio de otro afiliado y que no constituya una infracción grave".

El PP considera que es "infracción grave", entre otras, "cualquier manifestación pública oral o escrita en los medios de comunicación que suponga descrédito, menosprecio o descalificación de cualquier afiliado al partido".

Los Estatutos recogen que las infracciones graves serán sancionadas con "suspensión de militancia por un periodo de tiempo entre uno y cuatro años" e "inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido o en representación de éste por igual periodo de tiempo".

En cuanto a las "infracciones muy graves", los Estatutos del PP contemplan, entre otras, "toda manifestación o declaración hecha con publicidad que incite al incumplimiento o descalificación de las decisiones válidas y democráticamente adoptadas por los órganos de Gobierno y representación del partido o de los grupos institucionales del mismo". Para estas infracciones, el PP prevé "suspensión de militancia por un periodo de tiempo entre cuatro y seis años"; "inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido o en representación de éste por igual periodo de tiempo"; o "expulsión del partido".