El Partido Popular se siente víctima de un auténtico "Estado Policial" y prevé un otoño-invierno marcado por filtraciones de informes policiales y detenciones teledirigidas por el Ministerio del Interior, amparándose en presuntas tramas de corrupción que bien pueden acabar en nada.
Un temor que cobra fuerza después de conocerse que el comisario Juan Antonio González, hombre puesto a dedo por Alfredo Pérez Rubalcaba y de su máxima confianza, controlará las investigaciones que afecten a cargos públicos o personas de relevancia, pudiendo incluso ser clasificadas como secretas para evitar interferencias de otros cuerpos de la Seguridad del Estado.
Leídas a través de El Mundo las intenciones del ministro del Interior, el líder de los populares, Mariano Rajoy, se saltaba su regla no escrita de no abordar asuntos espinosos en el Comité de Dirección, reunido este lunes en la calle Génova, y daba la orden de poner en alerta a los ciudadanos ante los últimos movimientos del Gobierno.
Denuncia pública y petición de explicaciones
Se iniciaba así una operación a dos bandas. Por un lado, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, reclamaba la comparecencia urgente del ministro del Interior en el Congreso de los Diputados para que dé las razones de por qué todos los casos de presunta corrupción vayan a ser "enfocados, dirigidos y coordinados" por un comisario que es también "un mando político", mano derecha de Rubalcaba.
En este sentido, el Grupo Popular que dirige Soraya Sáenz de Santamaría también abordará al titular de Justicia, Francisco Caamaño, para que explique su intención de derivar a los fiscales la instrucción de los procesos judiciales que, hasta la fecha, estaban en manos de los magistrados. Una maniobra "improcedente" a ojos del PP porque "la Fiscalía está sujeta a la jerarquía" así como "a los órganos políticos" mientras que "el juez es imparcial e independiente".
Por otro lado, Cospedal hacía conocedora a la opinión pública de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tiene interés en "filtrar sumarios a los medios de comunicación, de marcar los tiempos de las investigaciones y, en definitiva, manejar políticamente y desde las altas instituciones las investigaciones judiciales" que, recalcó, deberían de ser "independientes".
Por ello, y bajo la premisa suprema de que "la actuación de la Policía no puede ser utilizada políticamente", Cospedal no ha tenido empacho en denunciar un auténtico "Estado Policial" coordinado por el Ministerio del Interior, pues, argumentó, así se llama a la "utilización de la policía judicial y de las instituciones del Estado".
Un negro curso político
En este sentido, la número dos del PP es pesimista en cuanto al curso político ya iniciado, en el que a corto plazo se celebran elecciones en Cataluña y a medio plazo la cita con las urnas a nivel local y regional.
Los populares, que todavía tienen muy en mente que el estallido del caso Gürtel coincidió "casualmente" con los comicios vascos y gallegos -en los que el mismísimo Rajoy se jugaba su liderazgo-, prevén una "intensa precampaña". "No me cabe ninguna duda", sentenció Cospedal, que augura "filtraciones y utilización de los tiempos".
Ahora bien, puestos ya encima de la mesa todos los ingredientes, un alto cargo del partido reconoce con desamparo que están "en desventaja" pues, por mucho que se quejen en público de los planes de Rubalcaba, "lo único cierto es que es el ministro el que puede montar un circo contra un concejal del PP o ir dando a El País fascículos de un sumario policial teóricamente secreto". Tendremos un curso político "calentito".