En rueda de prensa en la embajada española en Asunción (Paraguay) tras entrevistarse con el presidente Fernando Lugo, María Teresa Fernández de la Vega, remarcó que si Cospedal cree que se está cometiendo algún delito lo que debe hacer es acudir a los tribunales. "Si no es así, debería retractarse porque lo que está haciendo es desprestigiar el trabajo el de policías, jueces y fiscales", enfatizó.

"Vivimos en un Estado de Derecho que hemos construido entre todos con mucho esfuerzo como para que ahora, por intereses particulares, vengan a lanzar sombras de sospecha sobre el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho", dijo De la Vega.

A su juicio, en los últimos días el PP viene protagonizando una "escalada verbal" que, según dijo, pone de manifiesto un cierto "nerviosismo". "Deberían y actuar con más responsabilidad. Los dirigentes del PP deberían serenarse –aconsejó–. No hay conspiraciones contra el PP, lo que hay es un funcionamiento normal de las instituciones".

Sobre la investigación en torno al velódromo Palma Arena que ha provocado cinco detenciones, entre ellos el portavoz del PP en Palma de Mallorca, la vicepresidenta insistió en que el Gobierno apoya la investigación "se produzca donde de produzca, y afecte al partido que afecte". "En cualquier Estado de Derecho, si hay indicios de un delito, se investiga", enfatizó.

Según explicó, el Gobierno tiene "tolerancia cero ante la corrupción", si bien respeta "los procedimiento, los tiempos y las  decisiones" de la Justicia. "Es el PP, desde un punto de vista político, quien debe dar explicaciones", subrayó, añadiendo que los demás deben limitarse a "respetar las decisiones" de la Justicia.
 

El PP dice que ampliará la querella

El PP recalcó esta tarde al Gobierno socialista que ya llevó a los tribunales las llamadas escuchas ilegales a miembros de su partido, ya que, según explicó, lo incluyó en la denuncia por las filtraciones del "caso Gürtel" que presentó el pasado 24 de julio en un juzgado de Plaza de Castilla, informaron fuentes populares.

El primer partido de la oposición recordó a De la Vega que en su denuncia por las supuestas filtraciones del caso Gürtel ya pedía que se investigara un posible delito de interceptación ilegal de las comunicaciones con revelación, que está regulado en el artículo 536 del Código Penal.

En esa denuncia, que el PP está estudiando si amplía o no, subrayaba que un ámbito de protección legal del máximo nivel es el que alcanza al secreto de las comunicaciones telefónicas, amparado como derecho fundamental en el artículo 18.3 de la Constitución. De hecho, incidía en que sólo puede interferirse mediante resolución judicial. "El corolario de esta protección lleva a tipificar penalmente en nuestro derecho como delito, las interceptaciones –los pinchazos o escuchas– telefónicas ilegales, es decir sin autorización judicial, así como su difusión o revelación, y se agrava el tipo cuando la conducta se ha realizado por autoridad o funcionario público", decía el texto.

En esa denuncia, el PP argumentaba que podría haberse cometido también un delito continuado de revelación de secretos, violación de secretos y revelación de actuaciones secretas, que, a su juicio, perseguían una "intención evidente y constante de dañar la imagen y perjudicar procesalmente a personalidades y dirigentes del PP y al propio Partido Popular". Además, el PP reclamaba en dicha denuncia que declaren el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, así como el comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González, y su subordinado, el comisario que dirige la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), José Luis Olivera.

El texto de la denuncia se acompañó de ocho recortes de informaciones relativas a esas filtraciones que aparecieron en el diario 'El País' y la Cadena Ser entre marzo y julio, que, según el PP, "atestiguan la procedencia policial de las escuchas e informes", dijo el responsable de Justicia, Federico Trillo.