En su escrito, el PP justifica su petición en los "hechos de extrema gravedad" que se investigan en este procedimiento, "al quedar en entredicho la profesionalidad e incluso la dignidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como las políticas antiterroristas adoptadas por el Gobierno".

En la causa están personadas la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia. Ambas partes quieren que Garzón siga investigando frente a la petición de la Fiscalía que ha solicitado al juez que archive la causa argumentando que no se han encontrado, tras tres años de investigación, pruebas que permitan conocer al autor del "chivatazo" al dueño del bar Faisán.

La petición se fundamenta en el artículo l7.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que reconoce la legitimación de las corporaciones, asociaciones y grupos que resulten afectados por un asunto o que estén legalmente habilitados para su defensa y promoción, recuerda el escrito.

El escrito, que dice presentarse en nombre de los 700.000 afiliados del PP, entre ellos varias víctimas de ETA, invoca también la Ley de Partidos Políticos que refiere, "como finalidad de toda formación política, aunar convicciones y esfuerzos para incidir en la dirección democrática de los asuntos públicos y contribuir al funcionamiento constitucional".

En los hechos objeto de investigación por Garzón constaría acreditada, según el PP, "la existencia de una filtración ('chivatazo') mediante la que supuestamente se alertó a la banda terrorista ETA sobre una operación policial contra su red de extorsión que quedó frustrada por tal causa". Añade el escrito que dicha filtración se habría realizado presuntamente por un funcionario de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado adscrito al Ministerio del Interior, planteándose incluso como hipótesis el posible conocimiento y/o participación en tales hechos de algún miembro del Gobierno de la Nación".

"Se ha tenido conocimiento de que el Ministerio Fiscal ha solicitado el archivo de la presente causa manteniendo no ser necesaria la práctica de más diligencias, a pesar de entender que existe una 'hipótesis incriminatoria', lo que justifica en mayor medida si cabe la personación del Partido Popular como acusación", insiste.

De la Vega se niega a responder

Soraya Sáenz de Santamaría ha denunciado que De la Vega se ha negado a responder, en la sesión del control al Gobierno del miércoles, una pregunta relacionada con el chivatazo a ETA. Se escuda la vicepresidenta en que no estará Rubalcaba, quién, a su juicio, tendría que responderla.

En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha denunciado que el miércoles no podrá formular a De la Vega la pregunta solicitada y que estaba relacionada con el chivatazo a ETA.